Este miércoles, el gobierno del presidente Biden impuso estrictos límites nacionales a ciertos «químicos permanentes» en el agua potable, conocidos como PFAS o sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas. Esta regulación, la primera de su tipo en EE. UU., requerirá que las empresas de servicios públicos reduzcan la presencia de estos químicos al nivel más bajo detectable de manera confiable.
Las autoridades estiman que esta medida protegerá a 100 millones de personas y ayudará a prevenir miles de casos de enfermedades graves, incluido el cáncer.
La regla establece límites específicos para dos tipos comunes de PFAS, el PFOA y el PFOS, a 4 partes por billón, y limita otros tres tipos, incluyendo los químicos GenEx, a 10 partes por billón en lugares problemáticos como Carolina del Norte.
Los sistemas de agua deberán realizar pruebas y notificar al público si los niveles son demasiado altos. Además, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha propuesto medidas adicionales, como la eliminación de tuberías de plomo peligrosas, para asegurar un suministro de agua más seguro.
A pesar de los elogios de los defensores de la salud, los grupos de servicios públicos han expresado preocupaciones sobre los costos elevados de los sistemas de tratamiento necesarios, advirtiendo que las comunidades pequeñas y menos adineradas podrían verse desproporcionadamente afectadas y que los consumidores finales enfrentarán aumentos en el precio del agua. Se anticipan desafíos legales dados los costos estimados en decenas de miles de millones de dólares.
El administrador de la EPA, Michael Regan, ha declarado que esta regla es la medida más significativa que la EPA ha tomado respecto a las PFAS, describiéndola como «una regla integral que cambiará vidas y mejorará la salud de muchas comunidades en todo nuestro país». El anuncio oficial se hará en Fayetteville, Carolina del Norte.
La regla también surge en un contexto de críticas hacia los fabricantes de PFAS, quienes, según los defensores del medio ambiente, conocían los riesgos de estas sustancias desde hace décadas pero minimizaron la evidencia. Según Scott Faber del Environmental Working Group, reducir los PFAS en el agua potable es el método más efectivo para disminuir la exposición general, mucho más que limitar su presencia en alimentos, ropa o alfombras.
La EPA ha estado publicando resultados de pruebas que muestran que alrededor del 16% de las empresas de servicios públicos detectaron al menos uno de los dos químicos PFAS en niveles superiores a los nuevos límites.
Sin embargo, se espera que entre el 6% y el 10% de los sistemas de agua excedan los nuevos estándares. Las empresas tendrán un plazo de tres años para realizar las pruebas requeridas y dos años adicionales para implementar los sistemas de tratamiento necesarios si superan los límites establecidos.
Con información de AP.
