Dos operativos separados por casi una semana, uno en Texas y otro en Maine, bastaron para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) modificara una de las tácticas más utilizadas en su estrategia de detención de migrantes. La agencia ordenó suspender temporalmente la mayoría de las revisiones de vehículos en todo el país mientras revisa sus protocolos de actuación, luego de que dos personas murieran durante intervenciones de sus agentes.
La decisión se produjo después de la muerte de un ciudadano mexicano en Houston y, posteriormente, de un migrante colombiano en Biddeford, Maine. En ambos casos, los agentes del ICE aseguraron haber abierto fuego al considerar que los conductores representaban una amenaza al intentar escapar con sus vehículos. Sin embargo, testigos y familiares cuestionaron la versión oficial, lo que detonó protestas y exigencias de investigaciones independientes.
De acuerdo con fuentes consultadas por Reuters, la suspensión aplica a la mayoría de las detenciones de automóviles utilizadas para hacer cumplir las leyes migratorias. Las únicas excepciones contemplan casos relacionados con órdenes de captura por delitos graves o acciones coordinadas con otras corporaciones policiales. La revisión también incluirá los procedimientos de uso de la fuerza y la implementación de cámaras corporales en los equipos operativos.
La medida representa un giro poco habitual para una administración que ha impulsado una política migratoria más estricta y que incrementó significativamente los arrestos del ICE durante los últimos meses. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y legisladores estadounidenses habían advertido sobre el aumento de operativos en carretera y la falta de mecanismos de transparencia para documentar las actuaciones de los agentes.
Aunque el Gobierno de Estados Unidos aclaró que la suspensión es temporal y no implica un cambio en su política de control migratorio, el episodio ha reabierto el debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte de las autoridades federales y el equilibrio entre la aplicación de las leyes migratorias y la protección de los derechos civiles. Las investigaciones sobre ambos casos continúan y sus resultados podrían influir en futuros protocolos de actuación del ICE.
