Las autoridades federales de Estados Unidos se niegan a revelar el nombre del oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que mató a tiros al ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante una parada de tráfico en Houston. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha justificado esta falta de transparencia argumentando que el agente y su familia podrían enfrentar amenazas o violencia. No obstante, el escrutinio sobre el tiroteo continúa aumentando, sobre todo después de que las autoridades admitieran que Salgado Araujo no era el objetivo del operativo.
Versiones contradictorias sobre el incidente
La narrativa oficial del DHS sostiene que Salgado embistió un vehículo de ICE mientras lo perseguían y que el oficial accionó su arma de fuego en defensa propia. Sin embargo, esta versión fue desmentida por tres trabajadores que viajaban en la camioneta, incluido el hermano de la víctima. A través de su abogado, Hugo Balderas-Ibarra, los testigos aseguraron que en ningún momento embistieron a los agentes y que Salgado recibió los disparos a través de la ventana del copiloto.
Familiares y figuras políticas, como la congresista Sylvia García, recordaron que Salgado Araujo era un constructor de 52 años que llevaba más de 35 años viviendo en Estados Unidos, carecía de antecedentes penales y estaba cerca de finalizar su proceso de legalización.
Falta de evidencia y presión a testigos
El caso se agrava por el hecho de que los oficiales involucrados no portaban cámaras corporales y el gobierno no ha publicado videos ni fotografías del incidente. Ante la opacidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha comenzado a brindar asistencia consular a la familia para exigir una investigación transparente.
Además, las familias de los testigos denuncian que ICE los está presionando para que acepten su autodeportación, lo que entorpecería el esclarecimiento de los hechos. Ante la falta de imágenes, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) ha ofrecido una recompensa de 5,000 dólares a quien proporcione algún video u otra evidencia del suces
