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Luego de la sentencia impuesta en Estados Unidos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los delitos por los que se le persigue en México al exfuncionario de la administración de Felipe Calderón.

Existen al menos dos investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. 

García Luna está vinculado con la operación “Rápido y Furioso”, una red criminal para introducir de manera ilegal a territorio nacional armas, municiones, cartuchos, explosivos y otros materiales de uso exclusivo del ejército. 

De acuerdo con la titular de Segob, esas armas lejos de ayudar en la identificación de células criminales y generar la inteligencia para combatir al crimen organizado, terminaron en las manos de los propios criminales, fortaleciendo su poder de acción y aumentando la espiral de violencia en el país. 

Además, el exsecretario está vinculado al delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, así como por asociación delictuosa desde el 2020, cuando promovió un proyecto para la construcción de 12 centros federales de readaptación social junto con la iniciativa privada. La construcción de estos centros se realizó a través de licitación directa y se le entregó a empresas que fueron creadas entre julio y octubre de 2010 exprofeso para esta intención y cuyo presupuesto superó hasta 15 veces más el presentado originalmente.

Por otra parte, de acuerdo con Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, entre 2019 y 2018 García Luna a través del tejido empresarial Weinberg recibió 30 contratos por parte de la Policía Federal, el Cisen y la OADPRS por un monto total de 727 millones 923 mil 523 dólares, de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil 666 dólares. 

Ese monto fue depositado por las dependencias de seguridad mexicana antes mencionadas a cuentas de Weinberg en México, Barbados e Israel, formando de esta forma una red de lavado de dinero que complementa la estructura de defraudación al estado mexicano de acuerdo con el titular de la UIF.

La titular de gobernación recordó que a finales del sexenio pasado las autoridades del gobierno abrieron de nuevo la carpeta del caso de homicidio de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, Tijuana, encontrando pruebas materiales y evidencia científica de que hubo un segundo tirador en esos hechos y que se trataría de Jorge Antonio, un exagente del Cisen que fue rescatado por ocultado y rescatado por García Luna para abandonar cuanto antes la ciudad de Tijuana.