El Segundo Piso de la transformación representa la fase de consolidación de la vida democrática de México y debe orientarse a traducir los avances sociales en instituciones sólidas y duraderas, para evitar que los grandes logros se estanquen y ampliar los beneficios sociales y económicos a toda la población. La implementación de acciones públicas coordinadas permitirá al Estado responder con eficacia a los grandes retos actuales: profundización de los alcances democráticos, adaptación al escenario internacional, crecimiento económico para la prosperidad compartida, desarrollo social y fortalecimiento institucional.
La vida democrática nacional
Una verdadera democracia incluye un rol activo de los partidos políticos como formadores de ciudadanía. Independientemente de su ideología, requieren una mayor cercanía con sus simpatizantes y reflejar el sentir de la población. MORENA, en particular, necesita profundizar su liderazgo moral, regido bajo los principios de una democracia social, sin negar la realidad tanto nacional como internacional. El partido tuvo un rápido crecimiento durante los últimos años; sin embargo, en algunos casos no se seleccionaron las candidaturas más comprometidas con la izquierda, situación que no debe repetirse de cara al proceso electoral de 2027.
La próxima reforma electoral deberá colocar a la ciudadanía en el centro y facilitar el combate a la corrupción, la opacidad y los privilegios. Por ello, se ha propuesto eliminar el fuero, con la finalidad de que todas las personas, independientemente de su estatus político, puedan ser juzgadas por las autoridades competentes, sin trámites dilatorios de la justicia cotidiana. En ese mismo sentido, es necesario mantener el ejercicio democrático de la revocación de mandato, pero reduciendo los costos e incrementando la participación de la ciudadanía, por lo que se sugiere hacerla concurrente con las elecciones intermedias.
El Congreso es otra de las instituciones que necesita modernizarse, aumentando la transparencia de los procesos legislativos y asegurando el respeto a las minorías. Al ser uno de los pilares de la democracia mexicana, la rendición de cuentas a la ciudadanía y la disminución de la brecha entre representantes y representados, se vuelven indispensables.
Política exterior activa y con respeto a la soberanía
Hoy, el escenario internacional se ha fragmentado y se ha debilitado el incipiente orden entre las naciones. Nos encontramos ante el repliegue del multilateralismo y la consolidación de bloques hegemónicos (Estados Unidos, China, Rusia), donde, al parecer, la capacidad militar prevalecerá sobre el derecho internacional. La reciente intervención militar en Venezuela es un ejemplo de unilateralismo que desafía los principios de no intervención, solución pacífica de controversias y proscripción del uso de la fuerza.
Desde el inicio de su mandato, la presidenta Sheinbaum ha transitado hacia una política exterior más activa y diversificada, con lo que México se ha vuelto a colocar al centro de los principales debates internacionales, como la reconstrucción del multilateralismo y la defensa del derecho internacional.
En cuanto a la integración regional, el T-MEC se mantiene como el ancla económica fundamental, considerando que las actividades productivas y comerciales del país tienen como su principal destino a Estados Unidos. En ese sentido, México deberá implementar una relación selectiva con China y los BRICS, colaborando en sectores cuyas disposiciones no sean violatorias de las disposiciones del tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos.
Respecto a la seguridad fronteriza, la dinámica aduanal y el fenómeno migratorio se revelan como áreas críticas para 2026. El combate al tráfico de drogas, armas y personas, junto con la necesidad de proteger los derechos humanos ante políticas migratorias endurecidas, requieren una cooperación interinstitucional e internacional más robusta, fortaleciendo la efectividad de las fuerzas de seguridad mexicanas.
Crecimiento con equidad y prosperidad compartida
La política económica es un pilar para la estabilidad y el desarrollo. Hay grandes retos, como el incremento de la inversión, la implementación de más proyectos estratégicos y la generación de más empleos formales. Ante ello, resulta esencial la modernización del marco jurídico sobre inversiones mixtas, en el que se brinde certeza al sector privado y, a la vez, se priorice el interés público.
En el sector energético se requiere una planificación a largo plazo, la ampliación de la capacidad de generación y transmisión, y el monitoreo del entorno geopolítico. Es fundamental mantener la soberanía energética, pero sin sacrificar la atracción de inversiones ni las alianzas estratégicas.
Por su parte, el sistema tributario requiere profundizar su adaptación a la economía digital, cerrando espacios a la evasión y garantizando la equidad entre la base tributaria. En general, la concentración de la riqueza sigue siendo un desafío estructural. A pesar del aumento del salario mínimo, las brechas persisten. La política económica debe incorporar la distribución como variable central, mejorando la progresividad fiscal y expandiendo el acceso a servicios públicos de calidad como mecanismos de redistribución indirecta, con el objetivo explícito de consolidar una clase media sólida.
Programas sociales para la movilidad ascendente
El Segundo Piso de la Transformación requiere fortalecer la política social. Los programas del bienestar, sin duda alguna, han contribuido a disminuir la pobreza y a mejorar las condiciones de vida de la población. Ahora se requiere construir trayectorias sostenidas de movilidad social y consolidar a la clase media, con condiciones laborales adecuadas, acceso efectivo a servicios públicos de calidad, seguridad social universal y oportunidades de ascenso.
La política de salud requiere mayor eficiencia en la gestión de insumos, con estrategias como la consolidación de compras públicas, transparencia y una mejor coordinación entre los subsistemas. Por otro lado, el sistema educativo aún presenta diferencias territoriales y socioeconómicas, por lo que se necesita mejorar la estructura física y las condiciones laborales del personal docente, elementos que influyen en la calidad de la formación de la niñez y juventud.
El tema de la vivienda representa un reto singular. Gracias a la presidenta Sheinbaum, hoy es más fácil que los jóvenes accedan a programas de vivienda. Sin embargo, es necesario mejorar su operatividad y ampliar su alcance. Además, se requiere mantener la atención a los esquemas de construcción y acceso a la vivienda tradicional.
Por otro lado, la gestión del agua y el ordenamiento territorial son cruciales en un país con estrés hídrico. Las inversiones estratégicas son indispensables, y se necesita una mayor articulación institucional y medidas concretas para la conservación, junto con una revisión al esquema de concesiones. De igual forma, la crisis del campo, con la volatilidad de precios y la concentración del mercado, evidencia el rol de la agricultura como pilar de la soberanía alimentaria, que se debe fortalecer con planificación productiva, acceso a financiamiento y esquemas de precios justos.
Mayor confianza institucional: estado de derecho y seguridad jurídica
El fortalecimiento institucional es clave para continuar disminuyendo la violencia, atraer inversión y reconstruir la confianza ciudadana. La fragmentación y la discrecionalidad alimentan la impunidad y la desconfianza. Si bien es cierto que la reforma judicial tenía una intención democratizadora, es necesaria una revisión de los procedimientos de selección de jueces y magistrados, para asegurar que se cuente con las personas juzgadoras más capaces y especializadas, que brinden certeza a los procedimientos jurídicos.
El combate a la corrupción es crucial. Se necesita rediseñar el Sistema Nacional Anticorrupción para hacerlo eficaz, vinculante y ciudadano. La fiscalización superior debe ser un instrumento central de control democrático, con una Auditoría Superior de la Federación independiente y transparente, cerrando el paso a desvíos y privilegios.
Asimismo, es fundamental continuar el combate a delitos prioritarios, como el huachicol fiscal, la facturación falsa y el contrabando, que atentan contra el patrimonio nacional. El fortalecimiento de la inteligencia fiscal y aduanera, la aplicación de sanciones adecuadas y la mejora de la trazabilidad, son imperativas.
Finalmente, el modelo de administración pública debe evolucionar hacia una mayor coordinación entre órdenes y sectores, en donde se profesionalice de manera constante a las personas servidoras públicas y se garantice el uso transparente de nuevas tecnologías en compras y contrataciones públicas. Una burocracia eficiente, honesta y cercana a la gente se vuelve esencial en el proceso de regeneración institucional.
Un México más justo, próspero y soberano es posible, incluso ante los nuevos retos globales, pero debe estar cimentado en instituciones fuertes y una ciudadanía participativa. El éxito dependerá no sólo de la solidez de las estrategias y políticas públicas, sino de la voluntad política para implementarlas, la capacidad de coordinar esfuerzos en todos los niveles de gobierno y, principalmente, de involucrar activamente a la sociedad. Parece un camino complejo, pero es fundamental apoyar a la presidenta Sheinbaum en su visión de prosperidad compartida y la consolidación de la vida democrática de México.
