A través de un extenso mensaje en su cuenta oficial de la red social X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció lo que considera una intromisión del gobierno de los Estados Unidos en el proceso electoral de su país, al tiempo que tachó de «poco democráticas» las restricciones de movilidad derivadas de su estatus migratorio durante su reciente visita diplomática a territorio estadounidense.
El mandatario colombiano aclaró que nunca recibió una notificación oficial sobre limitaciones en su visado ni alertas de un posible arresto, recordando que incluso viajó previamente a Chicago. Petro defendió que, en su calidad de jefe de Estado, cuenta con el cobijo de las leyes estadounidenses y los tratados internacionales de la ONU para expresarse libremente.
Censura en Nueva York y Boston
Petro, quien viajó para asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lamentó las restricciones impuestas por la administración norteamericana que afectaron directamente su agenda de trabajo:
«Considero poco democrático que se restringiera mi libertad de hablar con el alcalde de Nueva York, autoridad local de los EE. UU., y mi libertad de pensamiento al no permitirme dictar una conferencia a la que fui invitado en Boston».
A pesar de haber hecho públicas sus marcadas discrepancias con la política internacional de Washington en un artículo para el diario The Washington Post —particularmente sobre el conflicto en Gaza—, el líder colombiano enfatizó que respetará los acuerdos bilaterales de soberanía. «No estoy de acuerdo con la intromisión del gobierno de los EE. UU. en la campaña electoral cuyas decisiones solo corresponden al pueblo de Colombia», sentenció.
El pacto con Donald Trump y la lucha contra las drogas
Pese a las fricciones diplomáticas, Gustavo Petro aseguró que mantendrá en pie la palabra empeñada ante el presidente Donald Trump durante su reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca para combatir de manera conjunta el tráfico de cocaína y fentanilo.
Para respaldar su compromiso, el mandatario presentó cifras de su estrategia antidrogas, afirmando que su administración ha incautado más cocaína que los últimos tres gobiernos colombianos sumados. Asimismo, detalló un avance histórico en la reducción de cultivos ilícitos mediante la erradicación voluntaria: un esquema que involucra a 31,000 familias campesinas y que ya cuenta con la certificación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para miles de hectáreas sustituidas.
