El mandatario colombiano ordenó impugnar las mesas que carezcan de firmas de jurados en los formularios E14 y acusó un cambio de direcciones IP en los servidores de la Registraduría; propuso un gran «Acuerdo Nacional» para evitar brotes de violencia.
Bogotá, Colombia. Ante el estrecho margen arrojado por los boletines preliminares, el presidente de la nación, Gustavo Petro Urrego, emitió un enérgico pronunciamiento en el que desconoció las declaraciones anticipadas de victoria de la derecha. El jefe de Estado ordenó una ofensiva jurídica inmediata para impugnar miles de actas tras denunciar graves inconsistencias digitales y manipulación externa en el software de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El escándalo de los formularios E14 sin firmas La primera alerta procesal se activó luego de que las uniones de «testigos digitales» del partido oficialista Pacto Histórico detectaran que la autoridad electoral comenzó a alimentar los sistemas informáticos con documentos carentes de validez legal. A través de evidencias recolectadas en video y capturas de mensajería móvil se constató la carga de actas de escrutinio delegadas sin las rúbricas obligatorias de los funcionarios de casilla.
Frente a esta situación, el mandatario federal dictó las siguientes directrices:
- Impugnación Inmediata: Petro sentenció que toda mesa cuyo formulario E14 carezca de la firma de los jurados de votación debe ser impugnada de forma automática por los apoderados del partido.
- Paridad Técnica: Con base en los datos del último reporte de preconteo, la votación se mantiene en un empate técnico del 49.3 por ciento para Abelardo de la Espriella frente al 49 por ciento obtenido por Iván Cepeda.
- Freno a Proclamaciones: El Ejecutivo recalcó que bajo este escenario nadie alcanza el umbral del 50 por ciento de los sufragios, por lo que ninguna fuerza política puede autoindultarse como ganadora.
Acusaciones de hackeo internacional y cambio de direcciones IP El componente más crítico del reporte presidencial apuntó a una presunta intromisión cibernética en la infraestructura crítica del Estado. Gustavo Petro recordó que con anterioridad había advertido sobre la vulnerabilidad del software de escrutinio provisto por los particulares conocidos como los hermanos Bautista, citando los precedentes de una sentencia del Consejo de Estado del año 2018. El mandatario denunció que el registrador nacional bloqueó en repetidas ocasiones las solicitudes de ley para realizar una auditoría externa preventiva.
El Ejecutivo federal aseguró contar con pruebas técnicas que demuestran un cambio no autorizado en las direcciones IP de múltiples servidores centrales de la Registraduría durante el desarrollo del cómputo. Según la tesis de la Casa de Nariño, esta vulneración informática permitió la inyección de datos alterados sobre mesas y puestos de votación desde el exterior. Petro atribuyó de manera directa las capacidades operativas de este ciberataque al Estado de Israel, anunciando que trasladará las bitácoras exactas a los jueces de la república para que inicien un peritaje judicial.
Bloqueos en Medellín y Bogotá motivan intervención policial La tensión institucional se trasladó a las sedes físicas de resguardo del voto. El presidente Petro denunció que las autoridades locales de la oposición, señalando específicamente al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, desplegaron cercos para impedir el acceso de los abogados escrutadores del Pacto Histórico a las instalaciones de Plaza Mayor. Una situación similar de exclusión fue reportada en el complejo de Corferias, en la capital del país. Ante esto, el mandatario emitió una orden directa a la Policía Nacional para garantizar el derecho constitucional del cuidado del voto y permitir la entrada de los delegados jurídicos.
Finalmente, Petro reveló que la votación en los consulados del extranjero (especialmente en los Estados Unidos) registra una diferencia de 177,000 sufragios en favor de la derecha, por lo que la totalidad de las mesas en el exterior ya fueron impugnadas bajo sospecha de sesgo aduanal. El presidente exhortó a las bases civiles a mantener una absoluta tranquilidad y mesura, concluyendo que ante un país partido simétricamente por la mitad, se vuelve imperativo convocar a un «Acuerdo Nacional» entre las corrientes políticas fundamentales para salvaguardar la paz de la República en los años venideros.
