La administración de Donald Trump arrestó a decenas de padres y cónyuges de militares estadounidenses en servicio activo tras recortar las protecciones migratorias históricas que amparaban a las familias de los soldados. Una investigación de The Associated Press reveló que al menos 50 familiares directos han sido detenidos y seis deportados desde el inicio del actual mandato presidencial.
Arrestos sin precedentes y falta de registros oficiales. El recuento periodístico, el primero de su tipo al no existir estadísticas gubernamentales, señala que al menos ocho parientes de personal castrense permanecen bajo custodia federal. Durante décadas, este sector contó con un consenso bipartidista que los blindaba frente a la deportación; sin embargo, ahora enfrentan detenciones rutinarias incluso al intentar regularizar su situación legal mediante los canales institucionales.
Impacto directo en la preparación militar. Especialistas en defensa advierten que esta directriz vulnera la estabilidad operativa de las fuerzas armadas, en un contexto marcado por el conflicto bélico en Irán. La situación ha privado a numerosos soldados de apoyo emocional y cuidadores para sus hijos, lo que ha provocado retrasos en despliegues estratégicos y la necesidad de solicitar licencias administrativas.
“¿Cómo puedo concentrarme siquiera en mi carrera militar si tengo que preocuparme por cómo está mi esposa?”, dijo el sargento Hedar Leonel Turcios Juárez, cuyo domicilio e instalaciones se ubican en Fort Bliss, Texas, luego de que su pareja fuera detenida frente a su hija menor.
Casos documentados y operativos de ICE. La recopilación de información se basó en el análisis de miles de registros de tribunales federales procesados a través del proyecto Habeas Dockets, además de la revisión de coberturas y el testimonio directo de afectados y abogados. Casos como el del sargento de Estado Mayor Alexis Jaramillo reflejan el impacto operativo: tras la detención de su esposa brasileña, Maisa Lopes Eliaser, en una oficina de servicios migratorios en Alabama, el militar tuvo que solicitar una licencia para cuidar a su hijastro.
Postura del Departamento de Seguridad Nacional. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que no compila bases de datos específicas sobre estos casos, aunque justificó las acciones al señalar que el servicio militar no otorga estatus legal automático ni exime del cumplimiento de la legislación migratoria. La agencia federal detalló que varios de los afectados contaban con antecedentes, órdenes previas de expulsión o reingresos no autorizados.
Respuesta institucional y silencio del Pentágono. Ante los requerimientos de información, el Pentágono declinó emitir comentarios sobre los hallazgos de la investigación periodística. Pese a las intervenciones puntuales del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para liberar a ciertos cónyuges tras generar rechazo público, la directriz general de deportaciones masivas continúa afectando directamente al entorno familiar de los alistados en las fuerzas armadas.
