El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, incurrió en desacato judicial al deportar a ocho migrantes, incluidos ciudadanos de Cuba, México y Sudán del Sur, a un país tercero sin permitirles apelar su expulsión, denunció un juez federal de Massachusetts.
Durante una audiencia de emergencia, el magistrado Brian Murphy aseguró que el vuelo ejecutado violó de forma evidente una orden previa de su tribunal, la cual prohibía realizar deportaciones sin garantizar el debido proceso.
La decisión del juez representa un nuevo episodio del prolongado conflicto entre la administración Trump y el Poder Judicial, derivado de las políticas migratorias radicalizadas adoptadas durante su mandato.
Diversos tribunales y entidades civiles han advertido que la Casa Blanca ignoró sistemáticamente el debido proceso, y expertos legales alertan sobre un posible deterioro institucional que podría derivar en una “crisis constitucional”.
Poco antes del fallo, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, confirmó en conferencia de prensa que el vuelo había salido desde Texas. Sin embargo, se negó a revelar el destino final de los migrantes alegando razones de seguridad y sostuvo que todos seguían bajo custodia del gobierno.
Según el DHS, los deportados enfrentan antecedentes penales por delitos como asesinato y robo a mano armada.
El grupo está compuesto por Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez (Cuba), Jesús Muñoz Gutiérrez (México), Thongxay Nilakout (Laos), Kyaw Mya y Nyo Myint (Birmania), Tuan Thanh Phan (Vietnam) y Dian Peter Domach (Sudán del Sur).
