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Durante la primera cumbre «Fentanyl Free America», la Casa Blanca reportó un descenso del 22% en los decesos por opioides sintéticos en un año. La estrategia del gobierno de los Estados Unidos incluyó clasificar el fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva y designar cárteles como organizaciones terroristas.

En el marco de la primera cumbre «Fentanyl Free America», la Casa Blanca reportó resultados de su campaña para desmantelar las redes de tráfico de fentanilo. Según las cifras oficiales, las muertes por opioides sintéticos se desplomaron un 22% en un solo año, al pasar de 48,913 en 2024 a 38,084 en 2025. A la par, el total de fallecimientos por sobredosis de drogas disminuyó un 14% (de 81,313 a 69,973), lo que impulsó a que el país registrara en 2025 su tasa de mortalidad general más baja en la historia.

Para golpear a la cadena de suministro, el presidente Donald Trump designó a importantes grupos criminales, como el Cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua y la MS-13, como Organizaciones Terroristas Extranjeras, habilitando con ello fuertes sanciones y la incautación de activos. Además, se firmó la Ley HALT Fentanyl —que clasifica permanentemente a los análogos del fentanilo como drogas de la Lista I— y se catalogó al fentanilo ilícito y a sus precursores clave como Armas de Destrucción Masiva, lo que permite imponer penas mucho más severas.

Presión internacional y operativos militares

En el ámbito exterior, el gobierno de los Estados Unidos implementó aranceles dirigidos a China, México y Canadá para obligar a un mayor control sobre 13 precursores químicos clave. Asimismo, se eliminó la exención de minimis, cerrando un vacío legal que facilitaba el contrabando mediante paquetes no inspeccionados.

Estas medidas han sido acompañadas por ataques de las fuerzas militares de EE. UU. contra decenas de embarcaciones del narcotráfico en el Pacífico y el Caribe. Como resultado de la disrupción desde el origen, las incautaciones nacionales de fentanilo cayeron un 45% en el año fiscal 2025 y las pruebas de la DEA confirman que hoy solo el 29% de las píldoras incautadas contienen una dosis letal, un marcado descenso frente al 76% registrado hace apenas dos años.