La abogada y defensora de derechos humanos Kerry Kennedy denunció que el gobierno de El Salvador le negó el acceso a reunirse con 10 de sus clientes, parte de los más de 250 venezolanos encarcelados en una prisión de máxima seguridad tras ser deportados desde Estados Unidos en marzo.
«A pesar del derecho que tienen nuestros clientes y miles de salvadoreños de ser atendidos por sus abogados, el gobierno de El Salvador, empezando por el presidente Nayib Bukele, no respetó estos derechos y nos negaron a nosotras, sus abogadas, acceso a sus clientes», dijo en conferencia de prensa en Santa Tecla la letrada, hija del político asesinado Robert F. Kennedy.
La abogada también intentaba verificar el estado de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado erróneamente y convertido en un símbolo de las críticas a las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.
La oficina del presidente salvadoreño Nayib Bukele no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Como parte de un acuerdo bilateral, Washington paga a El Salvador 6 millones de dólares anuales para mantener en operación el Cecot, una prisión destinada originalmente a miembros de pandillas, ahora utilizada para albergar migrantes deportados.
Hasta el momento, más de 200 personas, en su mayoría venezolanos acusados de integrar la organización criminal Tren de Aragua, han sido trasladadas a ese centro. Sin embargo, un reciente análisis de Bloomberg reveló que el 90 % de los detenidos no cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos.
