El Gobierno de la Ciudad de México informó que mantiene acompañamiento institucional al Refugio Franciscano A.C., luego de que el patronato denunciara el ingreso de personas sin autorización y daños al inmueble ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, un nuevo episodio dentro del conflicto legal y administrativo que rodea al albergue.
La Secretaría de Gobierno (Secgob) indicó que, tras los hechos registrados el martes, el patronato presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancia que será la encargada de investigar lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.
La dependencia precisó que la Subsecretaría de Gobierno permanecerá en comunicación con los representantes del refugio para dar seguimiento a las acciones derivadas de la investigación y brindar el acompañamiento institucional que corresponda dentro de sus atribuciones.
En un comunicado, el Gobierno capitalino reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia o acción que vulnere la integridad de las personas o afecte el patrimonio de organizaciones civiles, por lo que hizo un llamado a privilegiar el diálogo, la conciliación y las vías legales para resolver el conflicto.
El caso del Refugio Franciscano permanece bajo el escrutinio público desde enero de este año, cuando autoridades capitalinas intervinieron el inmueble tras denuncias por presunto maltrato animal. Durante ese operativo fueron rescatados 858 perros, distribuidos en refugios temporales bajo resguardo del Gobierno de la Ciudad de México, mientras la Fiscalía abrió una investigación por las condiciones en que se encontraban los animales.
Además de la investigación por bienestar animal, el predio mantiene una disputa jurídica entre la asociación civil y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, la cual también presentó denuncias relacionadas con recientes hechos ocurridos en el inmueble.
Con la nueva denuncia presentada por el patronato, la Fiscalía capitalina deberá esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ingreso al refugio y definir si existen responsabilidades penales derivadas de los daños reportados, mientras las autoridades insisten en que cualquier diferencia deberá resolverse por la vía institucional.
