Este miércoles, el gobierno de Bolivia acusó formalmente al expresidente Evo Morales de operar como «el jefe de un cártel» del narcotráfico radicado en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, señalando que dichas ganancias ilícitas sirvieron para financiar las violentas movilizaciones y bloqueos carreteros de mayo y junio pasados.
Durante una entrevista con medios locales, el ministro de Gobierno Interior, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que el exmandatario controla toda la producción de estupefacientes generada en esta región cocalera: «¿Quién mandó a hacer los bloqueos?, ¿quién mandaba el dinero desde el Trópico? En el Trópico no se mueve ni una mosca si no lo ordena Evo Morales», aseveró el funcionario, denunciando que «los bloqueos criminales y salvajes que se dieron durante 53 días venían financiados de ese sector». Asimismo, implicó a organizaciones campesinas como la federación Túpac Katari de La Paz en el fondeo de los cercos que exigían la renuncia del mandatario Rodrigo Paz.
El exmandatario enfrenta un proceso penal por alzamiento armado y terrorismo derivado del liderazgo de estas protestas, causa por la que pesa en su contra una orden de aprehensión formal.
A este expediente se añade una orden de detención previa por el delito de trata agravada de personas, en la que se le investiga por presuntamente haber mantenido una relación sentimental con una menor de edad durante su mandato y concebir un hijo en 2016. Debido a estas causas judiciales, Morales permanece atrincherado en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, bajo el resguardo de vigilias permanentes de simpatizantes cocaleros que impiden su arresto policial.
