Los gobiernos locales recibirán más de 2.8 billones de pesos del presupuesto federal el próximo año. Aunque la cifra marca un incremento real de 3.1%, la alta dependencia de los recursos federales sigue siendo el gran desafío del federalismo mexicano.
México es una República Federal cuya organización se estructura en tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Cada uno cuenta con una división de poderes que delimita sus respectivas competencias. Dentro de las atribuciones de cada esfera gubernamental se encuentra la capacidad de recaudación; sin embargo, no todas poseen la misma fortaleza para la captación de recursos.
Por esta razón, México cuenta con el Pacto Federal, cuyo propósito es reducir las disparidades y rezagos entre las entidades federativas y los municipios. Dicho pacto se materializa en el federalismo fiscal, concebido como un mecanismo de redistribución de recursos que busca generar condiciones y oportunidades más equitativas entre las distintas regiones del país y los niveles de gobierno.
Este principio se encuentra regulado por la Ley de Coordinación Fiscal, la cual, en su artículo primero, establece:
“Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para determinar la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales…”.
De esta disposición surge el gasto federalizado, que consiste en los recursos que cada año la Federación transfiere a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Este gasto se compone principalmente de Participaciones Federales, Aportaciones, Subsidios y Convenios, y constituye una de las fuentes principales de ingresos para los estados y municipios, siendo fundamental para financiar sus estrategias y programas de desarrollo.
Para el ejercicio fiscal 2026, el gasto federalizado ascenderá a 2 billones 810 mil 777 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 3.1% respecto a lo aprobado en 2025 (2 billones 636 mil millones). En términos relativos, equivale al 25% del presupuesto total de egresos de la Federación, estimado en 10 billones 193 mil millones de pesos.
Los estados que recibirán mayores montos serán:
- Estado de México: 300 mil 782 millones de pesos
- Veracruz: 157 mil 533 millones de pesos
- Jalisco: 153 mil 455 millones de pesos
Al interior del Gasto Federalizado, el Ramo 28, Participaciones Federales, concentra 51.8% del gasto federalizado, equivalente a más de 1.45 billones de pesos y con un crecimiento real de 4.9% respecto al año anterior.
Estos recursos se transfieren a los gobiernos estatales y municipales como compensación por su aportación a la recaudación y al desarrollo económico nacional. Son fondos de libre disposición, es decir, no están etiquetados para un destino específico, lo que les da flexibilidad, pero también exige mayor transparencia y responsabilidad fiscal en su ejercicio.
Por su parte, el Ramo 33, Aportaciones Federales, representará 37.1% del total del gasto federalizado, con 1 billón 41 mil millones de pesos, cifra 2.7% superior a la de 2025. Estos recursos se canalizan a programas de educación, salud, seguridad, asistencia social, vivienda y servicios comunitarios, entre otros rubros esenciales.
El Ramo 33 agrupa 15 programas presupuestarios distribuidos en ocho fondos, que buscan compensar desigualdades regionales y fortalecer las capacidades institucionales locales. En los hechos, se trata del principal vehículo de política social del país a través de los gobiernos locales.
Además de los ramos principales, el gasto federalizado incluye recursos de inversión y descentralización.
- El Ramo 23, destinado a proyectos de inversión federalizada, representa 0.5% del total.
- El Ramo 25, orientado a educación, equivale al 3.0%.
- Los convenios de descentralización suman 4.75%, y el gasto en salud pública el 2.87%.
Estos fondos complementan la operación de los estados y municipios en áreas estratégicas, especialmente en infraestructura y servicios básicos.
De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2024 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gasto federalizado representó en promedio el 82.9% de los ingresos totales en las entidades federativas y más del 90% de los ingresos totales en diez entidades federativas, entre ellas Guerrero, Tlaxcala y Oaxaca.
A nivel municipal, la dependencia es más crítica, en el ejercicio fiscal 2024, el gasto federalizado representó en promedio el 72.5% de los ingresos totales, y en los municipios con mayor rezago social esta proporción supera el 95%, lo que acentúa su vulnerabilidad financiera y su dependencia de los recursos federales.
Tabla 1. Gasto federalizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2026.
Ramo | PEF 2025 | PPEF 2026 | Variación Nominal | Variación Real % | |
Total | 2,636,281.39 | 2,810,777.08 | 174,495.70 | 3.03 | |
Ramo 28 Participaciones Federales | 1,340,210.88 | 1,456,045.89 | 115,835.02 | 4.99 | |
Ramo 33 Aportaciones Federales | 979,951.77 | 1,041,892.91 | 61,941.14 | 2.74 | |
Ramo 25 | 81,668.02 | 85,182.41 | 3,514.39 | 0.80 | |
Ramo 23 Gasto Federalizado | 13,690.24 | 13,510.74 | -179.50 | -4.63 | |
Convenios de Descentralización y Reasignación | 134,914.82 | 133,376.72 | -1,538.10 | -4.47 | |
Salud Publica | 85,845.65 | 80,768.41 | -5,077.25 | -9.08 | |
Fuente: SHCP. | |||||
En el contexto actual, el gasto federalizado se ha consolidado como una herramienta esencial para garantizar la provisión de servicios básicos en los estados y municipios, particularmente ante los retos de desigualdad y las brechas en la capacidad recaudatoria local.
Durante los últimos 25 años, el gasto federalizado ha representado en promedio 32.4% del presupuesto federal total, consolidándose como un pilar del financiamiento subnacional. Sin embargo, esta dependencia no puede sostenerse indefinidamente.
Los gobiernos locales enfrentan el reto de ampliar su base tributaria, modernizar sus catastros y fortalecer su administración fiscal. Es fundamental revisar y armonizar los marcos normativos locales, simplificar trámites y aprovechar herramientas tecnológicas para mejorar la fiscalización y la gestión de pagos, incluidos mecanismos de cobro electrónico que faciliten el cumplimiento ciudadano y la transparencia en el uso de los recursos. A nivel estatal, se requiere fortalecer la coordinación fiscal con los municipios, profesionalizar a los servidores públicos locales y promover incentivos al esfuerzo recaudatorio.
De lo anterior, se observa que más que una cuestión técnica, fortalecer las finanzas locales es clave para equilibrar el país desde lo local. Solo con gobiernos estatales y municipales fuertes, con capacidad para recaudar, decidir e invertir, será posible cerrar brechas, impulsar proyectos propios y responder con eficacia a las demandas de la ciudadanía.