El estado de Florida aprobó leyes migratorias más estrictas, que incluyen la pena de muerte para inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves, como el asesinato en primer grado y la violación infantil.
El gobernador Ron DeSantis firmó las nuevas disposiciones, consolidando a Florida como uno de los estados con políticas migratorias más severas en Estados Unidos.
La legislación ha desatado un intenso debate y críticas por parte de grupos defensores de derechos civiles y legisladores demócratas, quienes advierten sobre posibles violaciones constitucionales.
Las leyes incluyen una inversión de 298 millones de dólares para fortalecer la aplicación de las normativas migratorias.
Este presupuesto permitirá la contratación de más de 50 agentes de seguridad dedicados exclusivamente a la supervisión de inmigrantes, así como la compra de nuevos equipos, capacitaciones y bonificaciones para quienes colaboren con las autoridades federales.
Además, se contempla el reembolso de los costos derivados del uso de instalaciones de detención.
Florida no es el único estado que ha endurecido su postura frente a la inmigración ilegal. Legisladores en Alabama y Georgia han aprobado medidas similares que buscan reforzar la cooperación con el gobierno federal en la detención y deportación de inmigrantes.
Las nuevas leyes han generado inquietud entre las comunidades inmigrantes y sus defensores, quienes temen que estas medidas fomenten la discriminación y el perfilamiento racial.
