El estado de Florida llevó a cabo la ejecución de James Robertson, de 62 años de edad, mediante inyección letal en la Prisión Estatal de Raiford. El caso reaviva la controversia nacional sobre la pena de muerte en Estados Unidos, tras la reciente ejecución fallida de la reclusa Christa Pike en Tennessee.
Robertson se convirtió en el ejecutado número 17 en la entidad en lo que va del año. En 2008, el prisionero estranguló a su compañero de celda, Frank Hart, mientras cumplía sentencias por robo, agresiones y delitos sexuales; posteriormente confesó que perpetró el crimen con el objetivo deliberado de recibir la pena capital, según registros del Tribunal Supremo de Florida.
Ante la aplicación del castigo, decenas de líderes evangélicos latinos agrupados en la organización Mission Talk se reunirán en Tallahassee para entregar una carta al gobernador Ron DeSantis, firmada por más de 70 obispos y pastores, solicitando la suspensión de las sentencias de muerte.
El presidente de la organización, Agustín Quiles, criticó la política penitenciaria del estado al señalar que las autoridades están convirtiendo a Florida en el epicentro de las ejecuciones en el país. La entidad mantiene programadas dos ejecuciones adicionales para los meses de octubre y noviembre, con lo que igualaría el récord histórico de 19 aplicaciones registrado en 2025.
