La rendición de cuentas es un principio esencial de toda democracia, pero en México continúa enfrentando un obstáculo estructural: el tiempo. El ciclo de fiscalización de la Cuenta Pública puede extenderse casi dos años después del ejercicio fiscal, lo que convierte la vigilancia del gasto en una revisión tardía; útil para la estadística, pero limitada para prevenir irregularidades o corregir desvíos.
Las iniciativas presentadas recientemente por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para reformar la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación proponen un cambio sustantivo: una fiscalización oportuna, colegiada y abierta a la participación ciudadana. Su importancia reside en el contenido técnico de las reformas y en el hecho político de que provienen de un legislador del partido mayoritario, lo que envía una señal significativa sobre la necesidad de fortalecer el control de las decisiones del gobierno incluso desde el propio poder.
En términos de periodos de la fiscalización, las iniciativas proponen cambios en los plazos de entrega de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados, así como respecto a los informes de auditorías. Al respecto, acortar los plazos no es una medida menor. Significa dotar a la fiscalización de una capacidad real de respuesta. Cuando las observaciones y acciones llegan con retraso, las personas responsables ya no ocupan los cargos, los recursos se han ejecutado y las decisiones administrativas se vuelven irreversibles. En cambio, la rendición de cuentas oportuna convierte la auditoría en un instrumento de corrección. El tiempo, en este caso, se convierte en un componente normativo del control.
Las propuestas también contemplan un rediseño institucional de la ASF para pasar de un modelo centrado en la figura de su titular a uno sustentado en decisiones colegiadas. En la actualidad, la concentración de atribuciones en una sola persona —como la aprobación del programa anual de auditorías, la designación de personal directivo o la expedición de normas internas— limita la deliberación técnica y favorece márgenes de discrecionalidad. Reestablecer el Consejo de Dirección como órgano de consulta, análisis y decisión permite introducir pluralidad de criterios, reducir riesgos de captura y fortalecer la independencia interna. Desde una perspectiva institucional, la pluralidad actúa como un mecanismo de autocontrol: distribuye el poder, mejora las decisiones y fortalece la rendición de cuentas horizontal.
Otro de los componentes relevantes de las reformas es la incorporación de mecanismos de participación ciudadana. Por primera vez, se plantea la obligatoriedad de que organizaciones de la sociedad civil y académicas participen en la postulación de candidaturas para encabezar la ASF mediante foros de consulta pública. Esta apertura introduce un elemento de escrutinio social que puede contribuir a evaluar la idoneidad de las personas aspirantes, limitar la influencia partidista y elevar los estándares de integridad en los procesos de designación. En las democracias contemporáneas, la ciudadanía elige a sus representantes, pero también observa, evalúa y exige cuentas sobre el ejercicio de los recursos.
Es relevante que una propuesta de esta naturaleza surja en un contexto de gobierno con mayoría legislativa. Diversos estudios han mostrado que los gobiernos divididos tienden a generar mejores mecanismos de control, pues la pluralidad política obliga a la negociación y reduce la subordinación entre poderes. Sin embargo, la rendición de cuentas no puede depender de la alternancia ni del equilibrio partidista. El mérito de las ideas de Ramírez Cuéllar radica en reconocer que incluso bajo un gobierno de mayoría deben existir reglas que limiten la discrecionalidad y preserven los contrapesos institucionales.
Las iniciativas tienen el potencial de redefinir la práctica del control público en México. Si el Congreso las discute y aprueba con la seriedad que merecen, podrían sentar las bases de una nueva cultura de fiscalización: una que no espere a los informes tardíos y que escuche diversas voces dentro y fuera del Poder Legislativo.
El siguiente paso debe orientarse a revisar el funcionamiento de la fiscalización superior en las entidades federativas. En un contexto político caracterizado por la expansión territorial de un solo partido, resulta indispensable armonizar los marcos jurídicos, profesionalizar las entidades de fiscalización superior locales y asegurar que los principios de oportunidad, pluralidad y participación ciudadana también se apliquen en el ámbito subnacional.
La aprobación de estas reformas es una oportunidad para recuperar a la Auditoría Superior de la Federación desde su interior y restaurar la credibilidad del control público en México.
