La Fiscalía del Estado de Jalisco realizó el traslado de siete personas hacia el complejo penitenciario de Puente Grande, de un total de 39 detenidos durante la manifestación registrada el domingo pasado para exigir suministro de agua limpia en la ciudad de Guadalajara. Entre los aprehendidos se encuentra Samuel Morales Navarro, de 24 años, repartidor de la plataforma Rappi que labora para solventar el tratamiento oncológico de su madre, cuya captura quedó documentada en diversas grabaciones difundidas en redes sociales.
De acuerdo con la información emitida por la dependencia de procuración de justicia, a seis de los implicados se les pretende fincar responsabilidades por el delito de lesiones dolosas agravadas por haber sido cometidas contra servidores públicos en funciones, mientras que al séptimo detenido se le imputará resistencia de particulares. Aunque 32 de los manifestantes arrestados obtuvieron su libertad durante el lunes, la institución aclaró que todos continúan bajo investigación por presuntos ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos contra representantes de la autoridad.
En el marco de estas liberaciones, diversas personas afectadas denunciaron haber sufrido agresiones físicas y el uso desproporcionado de la fuerza pública durante los operativos de dispersión. Por su parte, los familiares de los siete hombres que permanecen privados de la libertad, acompañados por diversos colectivos de defensa de los derechos humanos, se apostaron en las inmediaciones del penal para dar seguimiento puntual a la situación jurídica de los imputados.
El caso ha generado atención y preocupación entre organizaciones civiles debido a las circunstancias de las detenciones y a las denuncias de abusos policiales durante la protesta ciudadana. Las autoridades judiciales correspondientes deberán definir en las próximas horas la situación legal de los detenidos en el complejo penitenciario para determinar si son vinculados a proceso penal.
