La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la medida cautelar contra el menor de edad tras aportar las pruebas de ley; los hechos delictivos se registraron en el perímetro de dicha demarcación territorial.
Ciudad de México. El sistema de procuración de justicia de la capital consolidó una resolución judicial en materia de delitos de alto impacto cometidos por menores de edad. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo de un juez de control la vinculación a proceso en contra de un adolescente, debido a su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de extorsión agravada y portación de arma de fuego. Los hechos delictivos e indagatorias que integran la carpeta de investigación civil se registraron en calles de la alcaldía Iztapalapa.
Aportación de pruebas y dictamen de ley Durante la audiencia inicial de primera milla, los ministerios públicos de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes presentaron los datos de prueba y elementos de convicción necesarios para acreditar la presunta participación del menor en los ilícitos que se le reprochan. Tras analizar los argumentos presentados por la representación social, la autoridad judicial determinó que existían las condiciones legales suficientes para iniciar el procedimiento penal formal.
El despliegue de las medidas cautelares e institucionales se rige bajo los siguientes criterios de protección y derecho procesal:
- Fijación del Proceso: El imputado menor de edad enfrentará juicio bajo los cargos especiales de extorsión con agravantes debido al uso de amenazas o violencia en agravio de las víctimas civiles.
- Delito Conexo: Se ratificó el cargo por portación de arma de fuego de ley, derivado del material bélico que le fue asegurado al momento de su detención por las fuerzas de seguridad pública en los cuadrantes de Iztapalapa.
- Derechos de Infancia: La conducción del proceso penal se realiza con estricto apego a los lineamientos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, garantizando el debido proceso y la secrecía de su identidad.
La representación social de la Ciudad de México recibió un plazo complementario por parte del tribunal para el desahogo de las investigaciones correspondientes. Con esta determinación judicial, las dependencias de seguridad locales reiteraron su estrategia aduanal para abatir el cobro de piso y el comercio ilícito de armas en las colonias del oriente de la urbe.
