La Fiscalía CDMX comprobó que las dos mujeres utilizaron identificaciones y chalecos apócrifos para exigirle 25 mil pesos al propietario de un negocio de comida a cambio de no clausurarlo.
Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo una sentencia condenatoria histórica de 25 años de prisión en contra de Brenda “N” y María “N”. A ambas mujeres se les comprobó su plena responsabilidad penal en la comisión del delito de extorsión agravada en pandilla, tras haber chantajeado al dueño de un establecimiento comercial.
El modus operandi de la clausura falsa. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 22 de abril de 2025 en un local de venta de alimentos ubicado dentro de la alcaldía Iztacalco. Las ahora sentenciadas arribaron al lugar portando chalecos tácticos y credenciales apócrifas para hacerse pasar por inspectoras de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Una vez al interior, María “N” amedrentó a un empleado argumentando que el negocio incurría en supuestas anomalías sanitarias graves, advirtiendo que la multa oficial oscilaría entre los 90 mil y 120 mil pesos. Al enterarse, el propietario del local acudió de inmediato al establecimiento. Fue ahí donde las falsas servidoras públicas le exigieron la entrega en efectivo de 25 mil pesos bajo la promesa de «interceder» ante un supuesto coordinador para frenar la clausura del inmueble.
Denuncia oportuna y detención: El afectado fingió cooperar y salió del negocio con el pretexto de reunir la suma solicitada. En el trayecto, interceptó una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para solicitar auxilio. Los oficiales preventivos acompañaron a la víctima de regreso y, tras inspeccionar los documentos de las mujeres, corroboraron que eran completamente falsos, procediendo a su arresto inmediato.
Durante la etapa de juicio oral, el Ministerio Público capitalino desahogó testimonios clave y dictámenes periciales que sepultaron la presunción de inocencia de las imputadas. Además de la pena privativa de la libertad, el tribunal impuso a cada una de las sentenciadas el pago de una multa por 565 mil 700 pesos como sanción punitiva.
