La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, así como de otros delitos vinculados con su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la dimisión del mandatario Rodrigo Paz.
Según la orden judicial, a Morales también se le imputan cargos por atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
La denuncia penal fue promovida a principios de junio por líderes cívicos de Santa Cruz —el motor económico del país—, a la cual se adhirió posteriormente el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
Alcance de la investigación y postura de la defensa
El proceso legal incluye además al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y al líder campesino de La Paz, Vicente Salazar, quien se encuentra en detención preventiva desde el 6 de julio por una causa paralela ligada a las movilizaciones.
Por su parte, Morales ha negado haber promovido la renuncia del mandatario y ha sostenido que las protestas buscaban una respuesta gubernamental a las exigencias sociales. Sin embargo, el pasado 24 de mayo declaró en sus redes sociales que el Ejecutivo solo tenía «dos caminos» ante el conflicto: «militarizar» el país o convocar a elecciones en un plazo de 90 días.
