El gobierno del presidente Donald Trump puso en marcha un proceso para deportar a miles de migrantes haitianos, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara que estas personas ya no cuentan con el derecho al Estatus de Protección Temporal (TPS), cuya vigencia concluyó oficialmente el pasado 27 de julio de 2026.
Ante este panorama, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene previsto intensificar las acciones operativas para detener a ciudadanos haitianos que perdieron dicha protección migratoria, provocando alerta en comunidades de estados con alta presencia de esta población como Nueva York, Florida y Ohio.
El TPS, concebido originalmente para amparar temporalmente a nacionales de territorios azotados por catástrofes naturales, crisis humanitarias o conflictos —beneficio que Haití recibía desde el terremoto de 2010—, ha sido objeto de cancelación por parte de la administración federal desde su regreso al poder en 2025, afectando también a migrantes de Venezuela y Somalia.
Voceros del Departamento de Seguridad Nacional defendieron la medida al señalar que el programa se desvió de su propósito inicial hasta convertirse en una vía de permanencia prolongada, exhortando a los afectados a buscar alternativas legales, acogerse al retorno voluntario o enfrentar la expulsión conforme a la ley vigente.
Organizaciones defensoras de derechos de los migrantes, como el grupo FWD.us, advirtieron sobre las repercusiones socioeconómicas de estas acciones, detallando que los beneficiarios haitianos aportan cerca de 5 mil 900 millones de dólares anuales a la economía nacional y más de mil 500 millones en contribuciones fiscales combinadas.
