La FGR confirmó el dictado de prisión preventiva oficiosa en contra del excoordinador general de Centros Federales durante la gestión de Genaro García García Luna en la Secretaría de Seguridad. Se indaga un millonario desvío de recursos mediante contratos irregulares.
Las fiscalías anticorrupción y los juzgados de control del Poder Judicial de la federación formalizaron la apertura de procesos penales en contra de exmandos de la administración pública implicados en la distracción de fondos del erario. El desahogo de estas audiencias busca sancionar las redes de complicidad dentro del sistema penitenciario federal, garantizando que los recursos asignados a la seguridad nacional e infraestructura carcelaria no se canalicen hacia empresas fantasma ni esquemas de simulación contractual que vulneren la transparencia de las partidas presupuestales.
Vinculación a proceso y delitos de alto impacto imputados De acuerdo con el Comunicado Número 350/26 emitido de forma institucional la tarde de este miércoles 10 de junio del año de 2026 por la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público de la Federación logró un avance procesal significativo en el combate a la impunidad burocrática. Un juez de control federal determinó formalmente dictar el auto de vinculación a proceso en contra del ciudadano identificado bajo el nombre de Antonio «N».
La representación social adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada aportó los datos de prueba idóneos para sostener la probable participación del imputado en dos conductas punibles consideradas graves por la legislación penal mexicana:
- Peculado: Desvío de caudales públicos bajo su custodia para fines ajenos a la función gubernamental.
- Delincuencia Organizada: Participación estructurada y permanente en una red de tres o más personas destinada a cometer delitos de manera sistemática.
Origen del desvío e inmovilización cautelar en el Altiplano Las investigaciones ministeriales de la subprocuraduría detallaron que el quebranto financiero ocurrió durante el periodo en que Antonio «N» se desempeñó activamente como servidor público en el área de Prevención y Readaptación Social federal. Las auditorías técnicas presumen que, aprovechando sus facultades de mando, el procesado suscribió y autorizó de forma ilegal una serie de contratos de adjudicación con empresas proveedoras, instrumentos con los cuales se consumó el desvío de recursos públicos destinados a la operación de los Centros Federales de Readaptación Social.
Durante la continuación de la audiencia inicial, el juez de control ratificó la gravedad de las imputaciones y determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El exfuncionario permanecerá internado en un centro de reclusión de máxima seguridad durante el desarrollo de la causa, concediéndose un plazo perentorio de tres meses para el desahogo de la investigación complementaria, ventana temporal donde ambas partes recabarán las evidencias periciales finales.
Captura en la alcaldía Miguel Hidalgo y apego al debido proceso La FGR destacó que el encauzamiento judicial del exservidor público fue posible tras completarse un operativo de captura ejecutado días atrás por agentes de la Agencia de Investigación Criminal en estrecha coordinación con las brigadas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El mandamiento judicial de aprehensión se cumplimentó de forma pacífica cuando el prófugo transitaba por los cuadrantes viales de la alcaldía Miguel Hidalgo, en el norponiente de la Ciudad de México.
La fiscalía federal concluyó puntualizando que, durante el desarrollo del arresto y el posterior traslado hacia las salas judiciales, al hoy procesado se le leyeron los derechos constitucionales que asisten a las personas en detención, operando bajo un esquema de estricto apego al debido proceso y pleno respeto a los derechos humanos. Asimismo, se recordó que a Antonio «N» se le presume inocente en todas las etapas del litigio, estatus legal que mantendrá hasta que las salas del tribunal emitan una sentencia condenatoria firme.
