La FGR atrajo el caso tras un cateo ejecutado por las autoridades estatales; el juez de control les dictó prisión preventiva oficiosa y confinó a los varones en el CEFERESO de Michoacán, mientras que la mujer fue recluida en el penal de San José El Alto.
La Fiscalía General de la República (FGR) emitió el Comunicado Oficial número 385/26, en el cual confirma la obtención del auto de vinculación a proceso penal en contra de diez personas civiles, quienes fueron capturadas en posesión de un arsenal de armas de fuego de uso exclusivo y dispositivos tecnológicos de interferencia radial.
Identidades delictivas y delitos imputados: La resolución jurídica se desahogó ante el juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el estado de Querétaro. El agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba idóneos para acreditar la probable participación de los imputados.
Las personas vinculadas a proceso fueron identificadas formalmente bajo las reservas de ley como: Brandon «N», Mayte «N», Daniel «N», Flaviano «N», Laurato «N», Fernando «N», Brandon Alan «N», Arturo «N», Moisés «N» y Carlos «N». A todos ellos se les imputa la presunta comisión de los delitos de:
- Posesión de armas de fuego de grado militar.
- Acopio y posesión de cargadores y cartuchos útiles.
- Portación e instalación de equipos inhibidores de señal de comunicación (bloqueadores o jammers).
El origen del cateo y la atracción federal El antecedente inmediato de la captura se remonta a un operativo de control ejecutado en días pasados por la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Agentes de la policía de investigación local cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble residencial ubicado en la ciudad de Santiago de Querétaro. En dicho asfalto urbano, además de neutralizar y detener a los diez civiles, las fuerzas de seguridad aseguraron armas de fuego largas y cortas, cartuchos de diversos calibres, un chaleco táctico y un inhibidor de señal industrial. Debido a la naturaleza y federalización de las conductas delictivas, la FGR ejerció de forma inmediata su facultad constitucional de atracción.
El juez de la causa fijó un plazo estricto de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, tiempo en el cual las fiscalías de control perfeccionarán las indagatorias ministeriales. Al amparo de las normas procesales, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
El esquema de reclusión y traslado para cumplir la medida cautelar quedó determinado de la siguiente manera: los nueve varones fueron conducidos bajo estricto resguardo militar al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 17, ubicado en el estado de Michoacán; por su parte, la imputada Mayte «N» quedó confinada en las celdas del Centro Penitenciario número 2 de San José El Alto, en el territorio queretano. Las autoridades federales puntualizaron que, de acuerdo con el principio constitucional, a todos los señalados se les presume inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria firme emitida por un tribunal competente.
