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La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta tarde que se concretó el traslado desde Argentina del contralmirante retirado Fernando Farías Laguna, acusado de liderar una compleja red de contrabando y distribución ilegal de combustible conocida como «huachicol fiscal».

El operativo de retorno se llevó a cabo en un avión de la Secretaría de Marina (Semar), tras cumplimentarse los trámites correspondientes con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En tanto que la Secretaría de Marina indicó que colaboró en el traslado a México de Farías Laguna en una acción que da continuidad a su compromiso expresado desde septiembre de 2025 con la legalidad, transparencia, el debido proceso y respeto a los derechos humanos; así como con el combate a la corrupción y la impunidad.

«La actuación de personas sujetas a investigación no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina, quienes se conducen con Honor, Deber, Patriotismo y, sobre todo, Lealtad al pueblo de México», agregó la dependencia.

Contexto del caso y detención internacional. Farías Laguna se encontraba prófugo de la justicia mexicana desde agosto de 2024. Las investigaciones de las autoridades federales señalan al exfuncionario y a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, como presuntos cabecillas del grupo criminal autodenominado «Los Primos».

Dicha estructura operaba principalmente en aduanas marítimas del país —con influencia en puertos como Manzanillo, Tampico y Altamira— mediante un esquema de introducción ilegal y comercialización de hidrocarburos. Por este mismo expediente, las autoridades ya han detenido a otras 15 personas, desarticulando gran parte de la red de corrupción que facilitaba el trasiego de combustible.

El exmando naval fue ubicado y detenido el pasado 23 de abril en Buenos Aires, Argentina, por elementos de Interpol tras detectarse que había ingresado al país sudamericano utilizando una identidad falsa y un pasaporte de origen guatemalteco.

Tras diversas gestiones diplomáticas y jurídicas, se autorizó su entrega para ponerlo a disposición de un juez federal mexicano en un penal de máxima seguridad, donde responderá por los delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.