Esta mañana durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la procuradora fiscal de la federación, Grisel Galeano, explicó el origen de los adeudos fiscales que enfrenta Grupo Salinas y que ascienden a 48 mil 382 millones de pesos, actualmente en litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Galeano recordó que el consorcio utilizó durante años el régimen de consolidación fiscal, una figura creada en 1982 para permitir que los grandes grupos empresariales sumaran utilidades y pérdidas de sus subsidiarias, con el fin de diferir el pago de impuestos y fomentar la inversión, sin embargo, señaló que muchas empresas abusaron de ese mecanismo al inflar pérdidas de forma intencional para reducir sus cargas tributarias.
La funcionaria precisó que, entre 2000 y 2012, el régimen se mantuvo pese a las críticas por el excesivo diferimiento de pagos. Fue hasta 2014 cuando se canceló y se sustituyó por el Régimen Opcional para Grupos, con plazos estrictos para el cumplimiento fiscal.
”Ya no había lugar para privilegios ni consolidación indiscriminada” aseguró la procuradora.
En el caso específico de Grupo Salinas, la Procuraduría Fiscal identificó nueve créditos fiscales relacionados con ejercicios comprendidos entre 2008 y 2013, estos casos corresponden a cuatro empresas del consorcio y se derivan de pérdidas indebidas, deducciones no justificadas y la falta de un “corte de caja” tras la eliminación del régimen de consolidación.
Entre los adeudos destacan: 24 mil 968 millones de pesos de una sola empresa por descuentos indebidos en 2008, 2010, 2011 y 2012; otros 3 mil 547 millones de pesos en 2009; así como 4 mil 431 millones en 2013, año en que se extinguió el beneficio fiscal.
Otra compañía del grupo enfrenta una multa de 67 millones de pesos por reportar pérdidas mayores a las reales en 2012, mientras que una cuarta dedujo gastos y viáticos que no formaban parte de sus operaciones esenciales. En la mayoría de los casos, apuntó Galeano, el SAT ya ha obtenido resoluciones favorables en instancias judiciales, sin embargo, los amparos interpuestos por el grupo empresarial al dilatado la resolución del caso.
La procuradora subrayó que este tipo de prácticas generaron un trato desigual frente a pequeñas y medianas empresas que sí cumplían de manera íntegra con sus obligaciones. Además, aseguró que la estrategia de litigio de Grupo Salinas ha sido “muy agresiva”, lo que ha retrasado la resolución definitiva.
”Estamos muy cerca de que la Corte falle en firme y reconozca lo que ya determinaron jueces y tribunales: que el SAT tiene la razón” destacó Galeano, al insistir en que no habrá privilegios fiscales ni condonaciones.
Finalmente, recordó que el artículo 28 constitucional prohíbe las exenciones y condonaciones de impuestos, salvo en casos excepcionales previstos en la ley, a los que puede acceder cualquier contribuyente que busque regularizar su situación, siempre y cuando pague de manera oportuna.
