El ex fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, denunció este viernes 20 de noviembre de 2026 ante la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, ser víctima de «lawfare» o guerra jurídica tras renunciar al cargo en medio de un pedido de juicio político por el escándalo del intervenido Ueno bank. En su comunicación formal, Rolón advirtió sobre presuntas «represalias institucionales» y una «persecución penal con motivación política y mediática» en su contra, por lo que solicitó observación internacional sobre su caso y un exhorto al Estado paraguayo para garantizar «el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia fiscal».
Rolón, quien había jurado al cargo en marzo de 2023 para un mandato de cinco años, presentó su dimisión el pasado martes mediante una carta dirigida al actual presidente paraguayo, Pedro Alliana, horas después de que diputados opositores y disidentes del oficialismo impulsaran un libelo acusatorio por «mal desempeño de funciones». Los legisladores lo señalaron por una presunta conducción deficiente de las pesquisas contra Ueno bank y por haber retenido durante siete meses una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el expresidente Santiago Peña. Antes de abandonar el Ministerio Público, Rolón designó a la abogada Alba Rocío Cantero al frente de la institución, nombramiento ratificado al día siguiente por el Senado.
La salida del exfiscal se enmarca en la severa crisis política e institucional desatada en Paraguay tras la intervención de Ueno bank, anunciada por el Banco Central del Paraguay (BCP) el pasado 3 de noviembre, medida que afectó a miles de ahorristas y a diversas entidades estatales que mantenían fondos depositados en esa entidad financiera.
A raíz del mismo escándalo bancario, el expresidente Santiago Peña fue destituido mediante juicio político en el Senado el pasado 6 de noviembre por «mal desempeño de funciones» y actualmente cumple prisión preventiva, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Las investigaciones penales también derivaron en la renuncia y prisión preventiva del extitular del BCP, Carlos Carvallo, junto con tres directivos de la banca matriz, además de la imputación de 27 personas vinculadas al banco intervenido y a otras firmas asociadas.










