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Estados Unidos puso precio a una pieza clave de las finanzas criminales: ofrece hasta 10 millones de dólares por información que permita interrumpir las redes financieras de los cárteles designados por Washington como organizaciones terroristas extranjeras. La convocatoria, difundida por el programa Recompensas por la Justicia, busca identificar financiadores, intermediarios, empresas fachada y operaciones que ocultan ganancias ilícitas. Existe otra recompensa similar por información sobre robo de combustible.

La medida cobra relevancia en México porque el negocio criminal no depende únicamente de mover droga o controlar territorios. Necesita convertir efectivo en recursos para comprar armas, precursores químicos, propiedades, financiar reclutamiento y sostener redes de corrupción. Para ello, las organizaciones recurren a negocios aparentemente legales, operaciones comerciales, casas de cambio, transferencias internacionales y activos virtuales.

Un caso reciente expuso esa dimensión. El 4 de noviembre, autoridades federales y capitalinas detuvieron en la alcaldía Miguel Hidalgo a Bojun “N”, alias “El Chino”, señalado como presunto líder de una red de lavado con operaciones también en Tijuana y Cancún. Aseguraron 920 mil dólares y casi 27 millones de pesos, equivalentes a unos 43.7 millones, además de otros indicios. Su situación jurídica debe ser determinada por el Ministerio Público.

La cooperación bilateral también ha producido acciones concretas. En julio, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que, tras análisis financieros, fiscales y corporativos, denunció ante la Fiscalía General de la República a personas presuntamente vinculadas con una red del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estados Unidos sancionó a 55 personas y empresas relacionadas; la UIF reportó bloqueos de activos.

El desafío es que las ganancias ilícitas cruzan fronteras y se mezclan con actividades económicas legítimas. Perseguir el dinero exige investigaciones patrimoniales, coordinación internacional y procesos judiciales sólidos: decomisar efectivo o detener operadores no basta si las redes pueden reemplazarlos y reconstruir sus operaciones en poco tiempo.