Estados Unidos ha enviado a 2 mil 284 mexicanos deportados a Guatemala en lo que va de 2026, antes de su retorno a territorio nacional, una práctica que el gobierno de México asegura que no autorizó ni forma parte de ningún acuerdo bilateral vigente.
La cifra fue confirmada por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien explicó que los mexicanos llegan en vuelos procedentes de Estados Unidos y permanecen temporalmente en su país. Posteriormente son trasladados a México, en algunos casos en un plazo de 24 horas.
El dato cobra especial relevancia porque rompe con el procedimiento habitual de deportación de mexicanos, que consiste en su retorno directo a México por vía aérea o terrestre. Además de Guatemala, Estados Unidos también ha enviado a mexicanos a Honduras durante este año.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó su rechazo a esta práctica. La dependencia señaló que México acepta el retorno de todos sus nacionales y que no existe un acuerdo con Estados Unidos para deportarlos a terceros países. También afirmó que trabaja para garantizar el retorno seguro y digno de los mexicanos.
Para México, el asunto va más allá del trayecto que siguen los deportados. La decisión de Washington implica que mexicanos que deberían ser repatriados directamente a su país son trasladados primero a otra nación, lo que introduce un nuevo elemento en la relación migratoria entre ambos gobiernos.
Además, funcionarios estadounidenses citados por medios internacionales señalaron que una de las posibles razones de esta estrategia es alejar a los deportados de la frontera mexicana con Estados Unidos y dificultar nuevos intentos de ingreso.
El gobierno guatemalteco sostiene que no está recibiendo a los mexicanos como destino permanente ni bajo la figura de “tercer país seguro”. Según Arévalo, se trata de una escala antes de su traslado a México.
La situación coloca a México ante un nuevo desafío diplomático: Estados Unidos modifica unilateralmente la ruta de retorno de sus ciudadanos, mientras el gobierno mexicano sostiene que todo mexicano deportado debe regresar directamente a territorio nacional.
