El Gobierno de Estados Unidos puso en marcha la construcción de nuevos tramos del muro fronterizo en el estado de Arizona, avanzando sobre áreas de alta sensibilidad ambiental y cultural a pesar del rechazo manifestado por comunidades indígenas locales, como la nación Tohono O’odham.
Las obras, supervisadas por autoridades federales de seguridad fronteriza, contemplan la instalación de estructuras de acero en zonas fronterizas con México. Líderes y representantes nativos denunciaron que la infraestructura fragmenta sus tierras ancestrales, impacta sitios sagrados e interrumpe el libre tránsito tradicional de las poblaciones originarias que habitan a ambos lados de la frontera.
A pesar de las protestas, amparos legales y llamados de activistas de derechos humanos para frenar las labores, el proyecto continúa ejecutándose prioritariamente bajo mandatos de seguridad nacional para restringir la migración irregular.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) asegura que la zona forma parte de una peligrosa ruta de contrabando y que la construcción del muro cerrará una brecha de seguridad de larga data.
