Dieciocho estados con gobiernos demócratas interpusieron una demanda contra el presidente Donald Trump por su intento por acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos a través de una orden ejecutiva.
En el recurso legal, los estados, incluyendo Nueva York, Colorado, California y las ciudades de Washington y San Francisco, argumentan que el decreto es “ilegal” y atenta contra la Constitución, ya que en la Enmienda 14 se establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Además, afirman que el presidente “no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional” y señalan que, de ser implementada esta medida, causaría un daño “inmediato e irreparable” a los residentes de sus jurisdicciones.
La eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a los niños nacidos de padres indocumentados y que la Administración del Seguro Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultará su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.
Para redefinir la ciudadanía por nacimiento, la vía más directa sería proponer una enmienda constitucional, lo que requeriría una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, así como la ratificación de tres cuartas partes de los estados, según explicó recientemente el historiador Scott Bomboy en un análisis publicado por el National Constitution Center, institución dedicada al estudio de la Carta Magna.
