Diversas organizaciones sociales, sindicatos de inquilinas y colectivos ciudadanos convocaron a una huelga general a nivel nacional en España para protestar contra el incremento desmedido de los precios de los alquileres y la escalada en el coste de la vida, en lo que representa una de las mayores movilizaciones civiles ante el deterioro del poder adquisitivo.
La emergencia habitacional se ha consolidado como el principal foco de indignación social en los principales centros urbanos del país, donde la escasez de oferta residencial accesible, la proliferación de pisos turísticos y la especulación inmobiliaria han expulsado a miles de familias y jóvenes de sus barrios. Los colectivos convocantes exigen medidas urgentes e inmediatas, entre ellas la intervención directa en el mercado de arrendamiento, la congelación y reducción de rentas, y una ampliación sustancial del parque público de vivienda social.
El llamado a paralizar las actividades económicas y productivas se produce en un clima de alta tensión política, a escasas semanas de unas elecciones cruciales, situando el debate sobre el derecho a un techo digno en el epicentro de la agenda electoral e interpelando a todas las fuerzas políticas a ofrecer soluciones estructurales frente a la crisis.
