Hay momentos en la vida pública de un país en los que ya no basta con administrar inercias. Momentos en los que la política deja de ser solo gestión y se convierte en definición. México atraviesa uno de esos puntos. Hablar hoy de consolidar un segundo piso de la transformación implica algo más que continuidad administrativa o ajustes graduales: implica revisar con seriedad qué prácticas siguen siendo compatibles con una democracia que dice aspirar a la igualdad, la rendición de cuentas, transparencia, cercanía con la población y la confianza ciudadana.
En ese contexto, el debate sobre el fuero no es accesorio ni simbólico. Es una prueba de coherencia. Porque no se trata solo de una figura jurídica, sino de la forma en la que el poder se relaciona con la justicia y con la ciudadanía. Defender su eliminación es, en el fondo, defender una idea muy sencilla pero profundamente política: que ningún cargo público debe convertirse en un escudo frente a la ley.
Conviene decirlo con claridad desde el inicio. El fuero no nació para proteger personas ni intereses individuales; nació para proteger funciones. Su origen histórico respondió a una necesidad legítima: evitar persecuciones políticas y garantizar la libertad de expresión y deliberación en el Congreso
Esa lógica sigue siendo válida en un punto muy específico: la inviolabilidad por las opiniones parlamentarias prevista en el artículo 61 constitucional.
Nadie debería ser perseguido por lo que dice desde la tribuna. Esa protección es una condición básica de cualquier democracia que se respete.
El problema comienza cuando esa protección funcional se desdibuja y se extiende más allá de su propósito original. En la práctica, el fuero dejó de ser solo una garantía para la labor legislativa y pasó a operar como un obstáculo para la rendición de cuentas. No porque impida investigar, sino porque condiciona el ejercicio de la acción penal a decisiones políticas dentro del propio Congreso.
El procedimiento de desafuero, previsto en el artículo 111 constitucional, coloca a la Cámara de Diputados como un filtro previo para que la justicia pueda actuar. Y aunque formalmente se presenta como un mecanismo jurídico, en los hechos suele estar atravesado por mayorías políticas, alianzas coyunturales y cálculos electorales. El resultado es un mensaje devastador para la ciudadanía: que existen servidores públicos con un trato distinto frente a la ley.
En un país marcado por una profunda desconfianza hacia las instituciones, derivadas de las omisiones de gobiernos neoliberales, ese mensaje no es menor.
El mensaje esencial y más urgente es recordarle a la ciudadanía que nadie está por encima de la ley por el simple hecho de ocupar un cargo público. Una democracia que tolera excepciones permanentes termina debilitando sus propios cimientos.
Eliminar el fuero no abre la puerta a la persecución política, como algunos insisten en repetir. Ese argumento suele aparecer cuando lo que se busca es justificar la permanencia de un privilegio.
Lo que realmente hace su eliminación es cerrar una puerta: la de la impunidad procesal. Es decirle a la gente que quien robe, abuse o traicione la confianza pública va a responder como cualquier otra persona. Sin atajos. Sin intermediarios políticos. Sin tiempos muertos dictados por conveniencia.
Además, este no es un salto al vacío. En entidades como Jalisco, la Ciudad de México y Puebla ya se han dado pasos claros en esa dirección, demostrando que eliminar el fuero no debilita a los congresos ni paraliza la vida pública. Por el contrario, fortalece su legitimidad y eleva el control ciudadano sobre quienes ejercen el poder. La institución no pierde; se depura.
Desde esta lógica, el respaldo a la propuesta de eliminar el fuero impulsada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar no es un gesto retórico. Es una definición política. Es asumir que la transformación no puede consolidarse mientras subsistan privilegios que contradicen el discurso de igualdad ante la ley. Es entender que el segundo piso no se construye con blindajes, sino con congruencia.
La crítica al fuero no es una crítica al Congreso ni a quienes, en su momento, tuvieron que hacer uso de esta figura debido a contextos políticos complejos. Es una crítica al presente. A un escenario distinto que
exige instituciones abiertas al escrutinio, no protegidas de él. Porque las instituciones se fortalecen cuando se someten a la ley y a la ciudadanía, no cuando se blindan frente a ellas.
Hoy, millones de mexicanas y mexicanos exigen un servicio público con ética, sin privilegios y con responsabilidad real. No piden discursos más largos ni promesas más sofisticadas. Piden reglas claras y parejas. En ese sentido, eliminar el fuero no es una concesión: es una obligación democrática. Y en tiempos de definiciones, no hacerlo también es una forma de decidir.
