La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, identificó una red de contrabando de combustible, denominada «huachicol fiscal», la cual habría sido liderada por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. De acuerdo con las autoridades, esta estructura es considerada la más grande detectada en el país, con un perjuicio al erario que supera los 4 mil millones de pesos.
Según lo informado por la fiscal Godoy, la investigación reveló que, entre enero y julio de 2025, la organización realizó 4,238 operaciones de importación irregular a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. El esquema consistía en declarar ante las autoridades aduanales apenas el 10% del combustible real transportado en carros tanque de ferrocarril, además de reportar contenidos distintos a los introducidos para evadir impuestos.
La FGR detalló que la red utilizaba una compleja arquitectura financiera que incluía cerca de 80 «cuentas puente» para dispersar los beneficios económicos y triangular recursos hacia firmas extranjeras, moviendo divisas por más de 1,386 millones de dólares. Asimismo, la investigación señaló la participación de servidores públicos, agentes aduanales y personal autorizado que permitieron el ingreso de los productos sin las revisiones correspondientes.
Como resultado de las acciones operativas, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 objetivos, confirmándose la detención de Ruffo Appel y otras cuatro personas al momento del anuncio. Los operativos, en los que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia Nacional de Aduanas y Pemex, permitieron el aseguramiento de decenas de carros tanque en estados como Coahuila, Nuevo Laredo y San Luis Potosí.
La investigación, catalogada por las autoridades federales como de «alta complejidad», se originó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques cargados con hidrocarburo en 2025, evento que permitió a la Fiscalía General de la República (FGR) rastrear la estructura operativa y financiera de la organización. Según la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, el esquema logístico integraba empresas vinculadas a actividades ferroviarias y portuarias que facilitaban la introducción de combustible proveniente de refinerías en Texas, el cual era posteriormente distribuido en entidades como Coahuila, Durango y Zacatecas.
Adicionalmente, la Fiscalía repotó que esta acción forma parte de una estrategia más amplia contra el «huachicol fiscal», que desde el 1 de diciembre de 2025 ha llevado a proceso a 407 personas relacionadas con redes de contrabando terrestre, marítimo y ferroviario. En relación con el caso específico de Ruffo Appel, la FGR obtuvo 25 órdenes de aprehensión dirigidas contra empresarios, operadores logísticos y diversos servidores públicos, incluyendo agentes aduanales, cuya presunta colaboración fue fundamental para omitir los protocolos de revisión necesarios durante las operaciones de importación.
La Fiscalía federal continúa con las investigaciones para desarticular la estructura operativa y financiera, la cual, según precisó Godoy, no ha sido vinculada hasta ahora con organizaciones criminales específicas ni cuenta con una denominación oficial por parte de la dependencia.
