México se mira en un espejo que revela, con crudeza, una verdad alarmante: en pleno siglo XXI, millones de personas aún carecen de acceso garantizado al agua potable. No es una falla técnica menor; es una herida profunda en el corazón del pacto social. El acceso al agua —como derecho humano, necesidad básica y cimiento de la vida— no puede seguir siendo un privilegio para unos cuantos. Esta convicción guía nuestro trabajo como legisladores de la Cuarta Transformación.
Desde mi responsabilidad como coordinador del tema hídrico en el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, y con la experiencia de haber servido como Secretario del Agua en Baja California, afirmo con certeza: el Estado mexicano debe asumir plenamente su papel como garante de la justicia hídrica. Esto implica mucho más que reformas legales o discursos bien intencionados; requiere una auténtica revolución en la infraestructura hidráulica del país.
I. La dimensión del problema
Las cifras son contundentes: más de 10 millones de mexicanas y mexicanos no tienen acceso al agua potable (INEGI, 2019). En las zonas rurales, un tercio de la población carece de agua segura (Banco Mundial, 2020). Solo el 14% de las aguas residuales son tratadas adecuadamente (Banco Mundial, 2020), mientras que el 70% de los ríos están contaminados (CONAGUA, 2021). Esta crisis hídrica no solo amenaza al medio ambiente; también frena el desarrollo nacional.
Detrás de cada estadística hay historias reales: mujeres que caminan horas para acarrear agua, comunidades enfermas por consumir líquidos contaminados, agricultores que pierden sus cosechas por falta de riego. La crisis no distingue regiones: golpea tanto a Chiapas y Oaxaca como a Baja California y Sonora.
II. Justicia hídrica: una visión transformadora
Nuestra propuesta es clara: construir un sistema hídrico sustentable, resiliente y justo. Hablamos de justicia hídrica, un concepto que integra equidad, democracia, sostenibilidad y participación social.
Esto exige garantizar el acceso universal al agua como bien común y derecho humano, no como mercancía sujeta al lucro. Para lograrlo, debemos erradicar la corrupción, transparentar la gestión de los recursos y empoderar a las comunidades en la toma de decisiones. No puede haber transformación si se excluye al pueblo de la gestión del agua.
III. Agenda estratégica para transformar el sistema hidráulico nacional
1. Modernización de redes de distribución. Entre el 30% y el 50% del agua potable se pierde por fugas en tuberías obsoletas. Proponemos una inversión nacional para renovar acueductos, priorizando zonas con mayores pérdidas.
2. Rehabilitación de plantas de tratamiento. Muchas plantas están inactivas por falta de mantenimiento. Urge federalizar su operación y garantizar su eficiencia.
3. Captación de agua pluvial. Planteamos sistemas de recolección de lluvia en escuelas, viviendas y edificios públicos para aliviar acuíferos sobreexplotados.
4. Desalinización en zonas áridas. La experiencia en Baja California ha demostrado su viabilidad. Este modelo debe replicarse bajo vigilancia pública y respeto ecológico.
5. Presas y almacenamiento estratégico. Algunas presas requieren mantenimiento urgente para garantizar el abasto y prevenir inundaciones.
6. Infraestructura contra inundaciones. Obras de desvío, bordos de contención y sistemas de alerta pueden prevenir desastres y proteger el derecho al agua.
7. Sectorización y control de fugas. La instalación de tecnología para monitorear las redes es una medida efectiva y probada internacionalmente.
8. Regeneración del agua tratada. Debe impulsarse como política nacional, con marcos regulatorios y subsidios.
9. Tecnificación del riego agrícola. La agricultura consume el 76% del agua. Tecnologías como el riego por goteo pueden reducir hasta en 50% el consumo, también implementar medición obligatoria y transitar a las energías renovables en los procesos de extracción de agua.
10. Organismo financiero hídrico nacional. Una entidad especializada debe coordinar, financiar y supervisar los proyectos, bajo principios de eficacia y transparencia.
IV. Federalismo hídrico: cooperación como principio
No se trata de centralizar responsabilidades, sino de coordinar esfuerzos entre niveles de gobierno. La federación debe regular, acompañar y cofinanciar proyectos hídricos, asegurando que la participación privada se alinee con el interés público.
V. Transparencia y combate a la corrupción
La corrupción ha sido un lastre en la infraestructura hídrica. Proponemos mecanismos de contraloría social, auditorías públicas y transparencia total. Ni un peso para el agua debe perderse en la opacidad.
VI. Participación ciudadana
El agua no debe ser gestionada solo por técnicos y burócratas. Las comunidades deben tener voz y voto en el diseño, operación y evaluación de los proyectos, reconociendo los saberes locales e incluyendo a pueblos indígenas y sectores históricamente excluidos.
VII. Agua, equidad y bienestar
Hablar de agua es hablar de salud, dignidad y justicia. Las mujeres rurales son quienes más sufren la carencia de este recurso. Transformar esta realidad es combatir la desigualdad estructural.
VIII. El segundo piso de la transformación
La Cuarta Transformación tiene como centro la justicia social. El agua, como derecho humano, debe estar en el corazón de ese cambio. Por eso, afirmamos con claridad: el segundo piso de la transformación debe ser hídrico. Necesitamos un modelo que respete el medio ambiente, democratice el acceso y fortalezca al Estado como garante de derechos.
No hay soberanía sin agua. No hay justicia sin acceso equitativo. No hay bienestar si millones viven sin una gota de agua.
“El agua es vida, y la vida es del pueblo.»
Se acabó el tiempo de discursos sin obras, y diagnósticos sin acciones. Lo que está en juego es el presente de millones y el futuro de toda la nación. Desde el Congreso, trabajamos para que el agua fluya no sólo por las tuberías, sino también a través de decisiones justas, presupuestos dignos y una voluntad política que priorice a las personas por encima de las ganancias porque el agua debe ser un derecho y no una mercancía.
Con el segundo piso de la transformación, lograremos la justicia hídrica para todas y todos, devolviendo el poder al pueblo.
