El pasado lunes 1 de septiembre, en la sesión del Congreso General celebrada en la Cámara de Diputados, dio inicio oficialmente el primer periodo de sesiones del segundo año de la LXVI Legislatura.
En este contexto, en el cual una mayoría calificada del mismo partido en el gobierno domina políticamente todas las decisiones que se toman en el Congreso, surge la pregunta: ¿qué resultados tenemos en cuanto a la producción legislativa?, ¿qué consideraciones podemos obtener?, ¿cuál será su rol, lo de las personas legisladoras, así como de sus agendas legislativas en el corto y mediano plazo?
En este primer año legislativo se presentaron en el Congreso un total de 3,575 iniciativas con proyecto de ley o de decreto[i]. De estas, 46 fueron promovidas por la titular del Poder Ejecutivo y 50 por parte de los congresos locales[ii].
Las 628 personas legisladoras, en conjunto, presentaron un total de 3,479 iniciativas, un promedio de 5.5 por cada una.
¿Qué pasó con esas iniciativas?
Del total de 3,479 iniciativas presentadas, se aprobaron por ambas Cámaras únicamente 36, es decir, un porcentaje del 1.1%, poco más de una iniciativa por cada cien.
La tasa de aprobación de las iniciativas por persona legisladora bajó abruptamente a 0.03 % [iii].
Si analizamos más a fondo el tipo de iniciativas aprobadas, encontramos que de las 36:
– 10 se enfocaron en celebrar a algún personaje de la historia de México, una profesión o un grupo vulnerable, con el propósito de inscribir su nombre en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados o del Senado.
– 4 tuvieron como objeto definir las características de monedas conmemorativas, ya sea para el próximo mundial de 2026 o para el centenario de la fundación del Banco de México.
– 1 declaró el año 2025 como el 50 aniversario del Año Internacional de la Mujer.
– 7 se destinaron a modificar los reglamentos internos del Senado o de la Cámara de Diputados, así como a actualizar las competencias de sus Contralorías Internas.
– 2 se requirieron para convocar a sesiones extraordinarias.
– Y finalmente, solo 12 tuvieron como propósito legislar en materias sustantivas y de relevancia social, es decir, apenas un tercio del total de las 36 aprobadas.
De lo anterior podemos concluir que, de la enorme cantidad de iniciativas presentadas, solo una porción extremadamente reducida logra aprobarse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y de estas, apenas un tercio tiene algún valor para la sociedad.
En otras palabras: la posibilidad de que una persona legisladora logre ver aprobada una iniciativa con trascendencia pública e impacto social es apenas del 0.02 %.
¿Cómo se explica este nivel de productividad legislativa tan bajo?
La pregunta, ahora, sería porqué los legisladores siguen proponiendo iniciativas a sabiendas que prácticamente no tienen ninguna posibilidad de éxito.
Por el otro lado de la moneda, encontramos que, en el mismo periodo legislativo, la Presidencia de la República presentó 46 iniciativas con proyecto de ley o decreto, de las cuales se aprobaron 42. Esto representa un 92 % de éxito, frente al 1.1 % de los legisladores.
Si eso fuera poco, la actual administración prácticamente ha eliminado todas las posibilidades de gestión e intermediación de recursos que antes ejercían las personas legisladoras a través de programas sociales, mismos que se usaban para incidir en la población de sus distritos y negociar su reelección.
Desde el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los recursos de los programas llegan directamente a los beneficiarios sin intermediación. En consecuencia, a las personas legisladoras se les han limitado también estas actividades que anteriormente ejercían con mucha alegría y, en muchos casos con muchos abusos y corrupción.
Si bien la actividad legislativa no se limita únicamente a la presentación de iniciativas y a la gestoría, estas dos funciones fueron durante muchos años las más visibles y evaluadas por la ciudadanía.
¿Cuáles son las razones de su acotamiento?
La respuesta es sencilla: hoy existe un proyecto de nación, encabezado por la Presidencia de la República y acompañado por el movimiento, es decir, por Morena.
La lógica de esta estrategia se sustenta en la composición y distribución de los cuadros de Morena en los distintos poderes del Estado y niveles de gobierno.
El hecho de que Morena tenga mayoría calificada en las dos Cámaras y en la mayor parte de los congresos locales, y que haya resuelto el problema de un Poder Judicial con activismo político contrario al movimiento, creó las condiciones ideales para acelerar un programa de cambios estructurales. Dicho programa busca consolidar un Estado fuerte, recuperando el control de las decisiones en sectores estratégicos como energía, infraestructura, salud, educación, vivienda, seguridad pública y política fiscal, necesarios para cumplir con los objetivos del movimiento.
El motor del cambio, en esta fase inicial del mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum, consiste en promover reformas constitucionales y legales que den forma jurídica a una nueva estructura de poder del Estado dirigida al nuevo proyecto de nación.
Por ello, la razón de que no se requiera un fuerte activismo legislativo por parte de las 628 personas legisladoras radica en que no existen condiciones —ni tiempo— para negociar iniciativas con el Congreso, cuando se tiene la posibilidad de elaborarlas desde el Poder Ejecutivo. Esto permite contar con toda la información necesaria para evaluar recursos presupuestarios, impactos en dependencias de los tres niveles de gobierno y alinear con anticipación funciones, competencias y responsabilidades de cada ente del Estado.
¿Qué resta entonces a las personas legisladoras?
Para las que pertenecen a los partidos de oposición no hay mucho margen de acción; sus ámbitos de intervención son muy limitados, al grado de que su desesperación los ha llevado a realizar actos que han alterado la conducción pacífica de las sesiones parlamentarias y que recientemente fueron motivo de gran revuelo mediático.
Para los legisladores de Morena, por otra parte, existe hoy un lema muy difundido: “menos escritorio y más territorio”. Esto significa que, aun siendo legisladores, su responsabilidad principal es conocer las problemáticas de la población de su distrito y canalizarlas oportunamente con las agencias responsables, como persuadir, convencer y sumar a la población a los compromisos, responsabilidades y objetivos del nuevo proyecto de nación.
En consecuencia, las personas legisladoras de Morena se han convertido en cadenas de transmisión del Poder Ejecutivo, con una doble función, de participar a la producción legislativa del Poder Ejecutivo de manera eficiente y eficaz, así como de trabajar con la población para que participe activamente al nuevo proyecto de nación.
¿Cuáles serán los contenidos y características de este proyecto?
En otra aportación platicaremos sobre ello. Al tiempo.
[i] La diferencia reside en que una iniciativa con proyecto de decreto reforma una parte normativa de una ley vigente, mientras que la iniciativa con proyecto de ley propone una nueva ley.
[ii] Sistema de Información Legislativa, Infopal de la Cámara de Diputados y Senado de la República. Se precisa que los datos se refieren a iniciativas presentadas en la presente legislatura, más no a iniciativas que se presentaron en legislaturas anteriores.
[iii] En la LXI Legislatura (2009-2012) la tasa de aprobación era de un 12 %.
