El Gobierno de Brasil, encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, avanzó en la regulación del sector de apuestas deportivas y juegos de azar en línea mediante la promulgación de un marco normativo estructurado para supervisar la industria. Lejos de imponer una prohibición general, el Ejecutivo oficializó un esquema de licencias y tributación con la finalidad de formalizar las operaciones, aumentar la recaudación fiscal y combatir el juego ilegal dentro del territorio nacional.
La legislación en la materia contempla que las empresas operadoras (bets) deben establecer sedes físicas dentro del país y pagar un costo de licencia para ofrecer sus servicios de forma legal. Adicionalmente, el esquema impone un gravamen directo sobre el margen de ingresos netos de las plataformas, así como retenciones sobre los premios obtenidos por los usuarios, integrando este mercado al sistema tributario brasileño.
Junto con la regularización del sector, las autoridades aplicaron severas restricciones para frenar el fraude, el lavado de dinero y la ludopatía. Entre las medidas destacan la prohibición del uso de tarjetas de crédito para realizar apuestas, el bloqueo de sitios web sin registro oficial y la regulación estricta de la publicidad abusiva promovida por personas influyentes en redes sociales.
