El pasado tres de enero la región despertó con la noticia de una operación militar estadounidense en Venezuela, para remover a su presidente y llevarlo a juicio a una corte federal en Nueva York. Más allá la aversión al régimen de Nicolás Maduro, que sin duda violaba libertades y derechos humanos de sus ciudadanos, el ataque ordenado por Donald Trump debe ser rechazado enérgicamente, pues, en muchos sentidos, constituye una violación al Derecho Internacional, e incluso al propio orden jurídico de los Estados Unidos, al no haber solicitado a su Congreso permiso para la salida de sus tropas.
La operación militar llevada a cabo en la madrugada del sábado representa una clara violación a la Carta de las Naciones Unidas, que en su artículo 2.4 señala que los miembros de la Organización “…se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro Estado…”. Además, viola los principios establecidos en el artículo 3 de la Carta de la OEA, que condena la agresión y las violaciones a la soberanía. Estados Unidos forma parte de ambas organizaciones y deliberadamente ignoró sus compromisos internacionales.
¿Era de esperarse? Me parece que sí. En primer lugar, porque así ya lo había mencionado Trump y, pese a quien le pese, generalmente cumple su palabra. En segundo lugar, porque esa acción sigue las líneas de la llamada Estrategia de Seguridad Nacional publicada en noviembre pasado, que constituye un relanzamiento de la “Doctrina Monroe” y considera a América Latina como una región que debe estar bajo el dominio de loa Estados Unidos. Y, en tercero, porque no es la primera vez que ese país viola el Derecho Internacional. Si bien es cierto que en muchas ocasiones ha respetado sus obligaciones internacionales, cuando Estados Unidos rompe los acuerdos internacionales, lo hace de manera muy notoria.
El Derecho Internacional surgió como una necesidad de convivencia entre las naciones, buscando evitar el caos en la comunidad internacional y facilitar un sistema relativamente equilibrado. De acuerdo con el profesor Malcolm Shaw, es el sistema de reglas y principios que gobiernan las relaciones entre Estados y otros actores internacionales, contenido principalmente en tratados, pero que no tiene una autoridad central, sino que descansa en el consentimiento de los Estados[1]. Es decir, a diferencia de los sistemas legales de cada país, dirigidos a las personas, el Derecho Internacional depende de que los Estados acuerden reglas específicas, y, posteriormente, tengan la voluntad de cumplirlas. Esta característica le ha valido diferentes críticas a la materia, argumentando incluso que no es un verdadero Derecho, sino prácticamente un conjunto de buenos deseos.
Por su parte, en las contadas ocasiones en que la Suprema Corte de los Estados Unidos se ha pronunciado sobre el Derecho Internacional ha favorecido su legislación interna, lo que puede observarse en el caso Reid v. Covert, donde determinó la supremacía constitucional e incluso legal por sobre aquél. Además, para que un tratado sea “autoejecutable”, el presidente y el senado deben haber tenido esa intención al momento de su ratificación y las disposiciones deben ser claras, precisas y de fácil implementación automática (caso Medellín v. Texas). ¿Eso demuestra un desdén por el Derecho Internacional? Probablemente, pero lo que sí queda muy en claro es que, para ese país, no hay nada por sobre su sistema jurídico.
Es por ello que tradicionalmente implementa acciones considerando exclusivamente su propia legislación, prácticamente sin tomar en cuenta las disposiciones internacionales que prohíben el uso de la fuerza.
El caso más similar al del sábado es el de 1989 en Panamá, cuando se capturó a Manuel Noriega, acusado también de narcotráfico. Sin embargo, el historial de intervenciones norteamericanas en Latinoamérica (y en el mundo) es muy largo. Por ejemplo, en 1961 se orquestó una fallida intervención para derrocar a Fidel Castro; en 1965 llegaron 20 mil marinos para “pacificar” República Dominicana; en 1983 se coordinó una invasión a Granada para derrocar el régimen militar e imponer un gobierno provisional; algo muy similar sucedió en 1994 (y 2004) en Haití.
Además, no se pueden dejar de lado los casos de la fallida “Guerra contra el terrorismo” en Afganistán, que nunca logró una verdadera eliminación del régimen Talibán y mucho menos mejoró las condiciones de vida de la población; o la guerra en Irak, que si bien logró terminar con el gobierno de Sadam Husein, provocó una larga guerra civil con altos costos humanos tanto iraquíes como estadounidenses. Y ni hablar de Vietnam, considerado como el mayor fracaso militar del país norteamericano.
Más allá del uso de la fuerza, Estados Unidos ha mostrado históricamente un desprecio por la normatividad internacional en general. Como ilustración, podemos recordar dos asuntos: el llamado “Caso Avena”, controversia jurídica contra México dirimida en la Corte Internacional de Justicia por violaciones a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, relacionadas con el incumplimiento al derecho de asistencia consular para los mexicanos detenidos en ese país; o, de manera más reciente y en un hecho insólito, la doble salida del Acuerdo de París sobre el cambio climático, en 2020 y próximamente, el 27 de enero, tras un breve regreso ordenado por el expresidente Biden.
Pero, como muchas personas ya han mencionado en los medios de comunicación, las acciones del vecino país del norte poco tienen que ver con la democracia o la defensa a los derechos humanos del pueblo venezolano, o incluso con el combate al narcotráfico. A diferencia de lo que [supuestamente] se buscaba en Vietnam, Afganistán e Irak, tal y como lo han declarado Trump y su secretario de estado, Marco Rubio, en esta ocasión el móvil principal no es la reconstrucción de un Estado y sus instituciones, sino el control de la producción petrolera.
No obstante, a pesar de todas las críticas, es necesario que el Derecho Internacional se mantenga vigente, pues, de lo contrario, el mundo podría caer en una anarquía que, a final de cuentas, no vendría bien a ningún país.
Por otro lado, el gobierno mexicano debe estar sumamente atento a las acciones estadounidenses, especialmente si se considera que el motivo del operativo militar sí fue la lucha contra el tráfico de drogas, pues en la acusación formal contra Maduro se menciona que México, dada su cultura de corrupción, ha sido parte importante en los delitos, mediante la participación de diversos cárteles e incluso con la complicidad de algunos funcionarios de gobierno.
Desde mi punto de vista, Trump se equivoca cuando señala que México no es gobernado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, sino por los cárteles. Sin embargo, sí existen varias zonas del país que están en ese supuesto. Son conocidas las historias del dominio criminal en municipios o regiones enteras, en donde ni siquiera las fuerzas federales se atreven a actuar, dejando a la población en la indefensión. Cabe recordar uno de los mayores fracasos de la Administración anterior, el llamado “culiacanazo”, cuando, después de haber capturado a Ovidio Guzmán, el entonces presidente de México, de manera increíble, terminó cediendo ante las presiones del Cártel de Sinaloa y ordenó la liberación al hijo del “Chapo”, en lo que muy probablemente es uno de los mayores fracasos históricos del Estado de Derecho en el país.
¿Cuál es el panorama internacional respecto al conflicto en Venezuela? Complicado. Prácticamente no habrá un país con críticas que seriamente preocupen a Estados Unidos. China, por ejemplo, a pesar de la cercanía con Venezuela, puede usar el antecedente del uso de la fuerza para invadir Taiwán. Lo mismo Rusia con Ucrania, en un escenario que reflejaría un mundo tripolar, con las respectivas zonas de influencia.
¿Y qué pasa con Latinoamérica? Definitivamente, los países de la región no deben quedarse de brazos cruzados, sino defender el respeto al Derecho Internacional y a la soberanía de cada país. Los antecedentes son peligrosos, y dentro de poco podríamos ver una escalada de intervenciones en la región, empezando por Cuba, Colombia y, de alguna manera, México. Es indispensable que nuestro gobierno tome cartas en el asunto, empezando por fortalecer el combate contra los cárteles, incluso aceptando la ayuda estadounidense, que, si se realiza de común acuerdo y bajo reglas claras, no representaría una violación a la soberanía.
Finalmente, la Presidenta Sheinbaum y la Fiscalía General de la República deberán encabezar una verdadera lucha contra la corrupción en todos los niveles de gobierno, revisando el papel de gobernadores, presidentes municipales y funcionarios públicos en general. Estas acciones, lejos de resultar extremas, honrarán el deseo del pueblo de México por contar con un gobierno diferente, honesto y cercano a la gente.
[1] Shaw, Malcolm N. International Law, 7th edition, Cambridge, 2014.
