Hace dieciséis años, una de las pioneras en los estudios sobre el Congreso en México, la doctora Luisa Béjar Algazi, coordinó la obra ¿Qué hacen los legisladores en México?. En ese volumen se planteaba una preocupación ampliamente compartida por distintos sectores de la sociedad, la duda persistente sobre si las y los representantes populares cumplen, desde el Congreso, con los compromisos asumidos ante el electorado. La pregunta no era menor, pues ponía en el centro la relación entre representación, desempeño legislativo y confianza ciudadana.
Esa inquietud sigue vigente. Una parte importante de la opinión pública mantiene la percepción de que las diputadas y los diputados no trabajan lo suficiente o que el Congreso es un espacio estéril, alejado de los problemas reales de la población. Sin embargo, al concluir el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, el balance del trabajo realizado por la Cámara de Diputados obliga a matizar esa idea. Más allá de la coyuntura política y de las disputas partidistas, el periodo que termina constituye uno de los tramos más intensos de la actividad parlamentaria reciente y abre la puerta a una reflexión más amplia sobre el papel que desempeña el Poder Legislativo en la arquitectura democrática del país.
Durante poco más de tres meses, la Cámara celebró 44 sesiones que acumularon cerca de doscientas horas de trabajo efectivo. En ese tiempo se procesaron más de mil iniciativas, se recibieron y turnaron a comisiones 34 minutas provenientes del Senado y se discutieron 358 proposiciones con punto de acuerdo. Estos datos no son menores, reflejan una dinámica parlamentaria activa, marcada por la deliberación, la pluralidad y la coexistencia de visiones distintas sobre el rumbo del país.
En términos de producción normativa, este periodo de sesiones arrojó resultados significativos. Gracias al trabajo colectivo del Pleno, se aprobaron cincuenta y cinco decretos, entre los que destacan siete leyes de nueva creación, dos reformas constitucionales y cuarenta y seis modificaciones a leyes y ordenamientos vigentes. La agenda fue amplia y diversa: seguridad y justicia, salud pública y salud mental, protección al consumidor, medio ambiente, aguas, cambio climático, movilidad, economía circular, aduanas e igualdad sustantiva. Temas que no responden a una lógica sectorial aislada, sino a demandas sociales concretas que atraviesan la vida cotidiana de millones de personas.
Uno de los rasgos distintivos de este periodo fue la centralidad de la función de control parlamentario. La Cámara no solo legisló, también ejerció sus atribuciones de supervisión y equilibrio institucional. Las comparecencias de titulares de dependencias federales con motivo del Primer Informe de Gobierno, así como la ratificación de nombramientos y la designación del titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, confirmaron que el Legislativo sigue siendo una pieza clave en la vigilancia del poder público y en el fortalecimiento de la rendición de cuentas.
Mención aparte merece la discusión y aprobación del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026. La Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y las reformas fiscales asociadas fueron objeto de un debate amplio, con reservas, posicionamientos encontrados y una deliberación intensa entre los grupos parlamentarios. La orientación del gasto público y de la política de ingresos revela una apuesta de fondo. El Estado recupera un papel activo en la conducción del desarrollo económico, impulsa la inversión estratégica en infraestructura y respalda sectores considerados clave para la soberanía nacional.
La reforma a la Ley Aduanera constituyó una de las apuestas institucionales más relevantes del periodo. Durante años, las aduanas fueron sinónimo de opacidad, discrecionalidad y pérdida de ingresos públicos. El nuevo marco legal busca revertir esa inercia mediante un rediseño profundo de los mecanismos de control, supervisión y operación del comercio exterior.
Otro eje fundamental del periodo fue la aprobación de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Se trata de una transformación largamente postergada que rompe con una lógica heredada, en la que el acceso al agua fue tratado como un activo transferible y no como un derecho humano. La nueva legislación recupera el sentido original del texto constitucional, el agua es un bien de la Nación, su gestión corresponde al Estado y su uso debe orientarse al interés público.
En materia de seguridad, el periodo legislativo mostró una respuesta institucional a uno de los problemas más sensibles del país. La homologación del delito de extorsión mediante una reforma constitucional y la expedición de una ley general en la materia marcan un punto de inflexión, se deja atrás la dispersión normativa y se construye una estrategia nacional coordinada entre Federación, estados y municipios. A ello se suma el fortalecimiento del control parlamentario sobre los mandos superiores de la Guardia Nacional y la modernización del marco jurídico de la Armada de México, en una lógica de profesionalización y legitimidad democrática de las fuerzas de seguridad.
Otras reformas, quizá menos visibles mediáticamente pero igualmente relevantes, apuntaron a la protección de derechos y a la corrección de prácticas abusivas, desde reglas más claras para consumidores y servicios financieros, hasta disposiciones en materia ambiental y de desarrollo sustentable. En conjunto, estas decisiones expresan una concepción del Estado como garante de derechos y como actor responsable frente a los desafíos de largo plazo.
El balance final del periodo confirma algo esencial, pese a las diferencias ideológicas y a la confrontación política inevitable, la Cámara de Diputados mostró capacidad para procesar la pluralidad y traducirla en decisiones normativas. La mayoría ejerció su mandato con responsabilidad; las minorías cumplieron su papel crítico y aportaron contrapesos indispensables al debate. Ese intercambio, lejos de debilitar al Congreso, reafirma su papel como espacio central de la democracia representativa.
Este periodo de sesiones confirma que el Poder Legislativo no es un actor secundario en la vida pública, es el espacio donde la pluralidad se procesa, el disenso se ordena y el conflicto político encuentra cauces institucionales. Ahí se define, en buena medida, el marco jurídico que gobierna al país. Cuando el Congreso asume esa responsabilidad con seriedad como ocurrió en este periodo, no solo legisla; sostiene el equilibrio institucional y fortalece la vida democrática del país.
