NUEVA YORK – Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera presentó una carta oficial ante la corte del Distrito Este de Nueva York, dirigida al juez Brian Cogan, quien presidió su juicio en 2019. En el documento, fechado el 10 de abril y hecho público este 17 de abril de 2026, el capo solicita una revisión de sus derechos procesales y humanos bajo el amparo de las leyes de extradición.
Un reclamo legal basado en tratados internacionales
La misiva intenta establecer una conexión jurídica entre el mandato de su extradición y las garantías constitucionales de su país de origen. Guzmán argumenta que el proceso mediante el cual fue entregado a Estados Unidos debería garantizarle una protección igualitaria bajo ambas jurisdicciones.
«Esta es una carta cortés de la Constitución Política de México sobre la autoridad y las leyes de los Estados Unidos sobre mi extradición para darme un trato justo en este país», reza un fragmento del texto presentado por Guzmán.
El argumento central es que las leyes constitucionales mexicanas tienen el derecho a ser «conectadas y usadas» en la corte federal de Brooklyn para asegurar que se respeten los límites del mandato de extradición original.
Denuncias de trato indigno
La carta es un nuevo intento por atraer la atención de la corte hacia las quejas que el exlíder criminal ha sostenido durante años sobre su estancia en el penal de Colorado:
- Incomunicación: Reitera que las Medidas Administrativas Especiales (SAMs) le impiden el contacto básico con el exterior.
- Derecho a la Salud: Hace referencia a peticiones anteriores donde solicita una alimentación apropiada y atención médica digna.
- Marco Legal: El Chapo insiste en que el «trato justo» es un requisito que el gobierno estadounidense debe cumplir para honrar los acuerdos de extradición con México.
¿Qué busca Guzmán?
Expertos sugieren que esta carta busca forzar una audiencia de revisión de medidas cautelares. Sin embargo, dado su historial de fugas y la naturaleza de sus delitos, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha mantenido tradicionalmente una postura inflexible, argumentando que cualquier relajación en su vigilancia representa un riesgo para la seguridad nacional.
