El Gobierno de Estados Unidos, en coordinación con las autoridades mexicanas, sancionó a cuatro personas físicas y 11 personas morales vinculadas a la estructura financiera del Cártel del Noreste. Esta organización criminal fue fundada por los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, alias «Z-40», y Óscar Omar Treviño Morales, alias «Z-42», antiguos líderes de Los Zetas. De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, ambos capos continuaron dirigiendo las actividades delictivas del grupo criminal aun después de sus capturas en México.
Las investigaciones señalan que la red delictiva mantuvo sus operaciones tras las detenciones de sus fundadores registradas en 2013 y 2015. Ambos mandos fueron extraditados a territorio estadounidense en febrero de 2025, donde actualmente enfrentan procesos penales por narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero. Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) destacó la implicación de Gamaliel Garza García y su empresa CEGESA por presuntamente canalizar dinero del cártel a campañas políticas y obtener contratos públicos en Tamaulipas.
En respuesta bilateral, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó mediante el Comunicado No. 81 que se fortalecieron las acciones preventivas contra esta estructura delictiva. Tras un análisis financiero, fiscal y corporativo, la UIF identificó indicadores de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) entre los señalados, detectando movimientos atípicos en efectivo y transferencias bancarias nacionales e internacionales.
Asimismo, las indagatorias del Gobierno mexicano permitieron constatar que los recursos de origen ilícito eran destinados a la adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles. El análisis patrimonial ubicó que la red operaba mediante un entramado empresarial diversificado en sectores como la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre, además del ramo de combustibles, servicios de transporte de carga y carreras de caballos.
La UIF precisó que entre las anomalías detectadas destacan inconsistencias fiscales y la utilización de sociedades corporativas con limitada o nula actividad económica. Las autoridades aclararon que la inclusión de los implicados en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa de carácter preventivo para congelar sus activos y debilitar su capacidad operativa, garantizando los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la ley.
Finalmente, las autoridades mexicanas y estadounidenses enfatizaron que estas acciones coordinadas refuerzan los mecanismos de cooperación bilateral para proteger la integridad del sistema financiero y prevenir el uso de recursos ilícitos. Las medidas adoptadas se alinean a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para golpear el poder económico de la delincuencia organizada y desmantelar sus redes de financiamiento en ambos lados de la frontera.
