A partir del 22 de octubre, millones de estadounidenses podrían perder el acceso a medicamentos económicos procedentes de Canadá debido a la suspensión de la exención de minimis dictada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La medida, orientada a la recaudación de aranceles y la detección de drogas ilícitas, exigirá documentación adicional y fianzas para envíos de bajo valor.
La disposición afectará a más de 2.3 millones de personas que importan fármacos para reducir sus gastos médicos, en un contexto donde tratamientos como el anticoagulante Eliquis superan el doble de su costo dentro del mercado estadounidense.
A pesar de que la administración de Donald Trump sostiene que mantiene su compromiso de reducir los costos sanitarios, la decisión ha desatado críticas de legisladores demócratas y republicanos.
Representantes del Congreso han solicitado la suspensión de la normativa o la exención de las prescripciones médicas de uso personal, advirtiendo que los retrasos y tarifas adicionales impactarán directamente la economía y salud de los pacientes.
