Washington. — El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó este 19 de febrero que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a una red de fraude de tiempo compartido que operaba desde el complejo turístico Kovay Gardens, presuntamente vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La medida incluye a cinco personas y 17 empresas mexicanas, señaladas de integrar un esquema que habría defraudado a miles de ciudadanos estadounidenses, principalmente adultos mayores, mediante prácticas engañosas de venta y cobros fraudulentos.
Según el Tesoro, el complejo, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Bahía de Banderas al noroeste de Puerto Vallarta, operó durante años bajo el nombre de Vallarta Gardens y comercializó tiempos compartidos a turistas estadounidenses y canadienses.
La OFAC lo incluyó en su lista de entidades bloqueadas al considerar que actuó en nombre del CJNG, organización designada como terrorista por el Departamento de Estado en 2025.
Las sanciones se aplican bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224 enfocadas en redes vinculadas al narcotráfico y terrorismo.
Modus Operandi
Las autoridades detallaron que el esquema utilizaba llamadas automáticas para atraer clientes a presentaciones donde se aplicaban tácticas de venta engañosas. Tras los primeros pagos, supuestamente por cuotas e impuestos, las víctimas eran nuevamente contactadas por centros de llamadas que simulaban ser despachos legales o autoridades, exigiendo más dinero para liberar fondos inexistentes.
El Tesoro advirtió que este tipo de estafas puede prolongarse durante años, generando pérdidas financieras y daños emocionales, mientras fortalecen las finanzas del CJNG. De acuerdo con el FBI, entre 2019 y 2023 unas seis mil víctimas en EE.UU. reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares en fraudes relacionados con tiempos compartidos en México.
Fundador del complejo entre los implicados
Entre los sancionados figura Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo, señalado de colaborar voluntariamente con narcotraficantes y de coordinarse con el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., previamente designado por autoridades estadounidenses.
Las medidas también alcanzan a 13 empresas vinculadas a Rivera Miramontes en sectores turístico, inmobiliario, financiero y energético, así como a una firma con sede en Texas.
El gobierno estadounidense identifica a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas como un bastión estratégico del CJNG, desde donde operan centros de llamadas con personal bilingüe dirigidos a propietarios de tiempos compartidos en Estados Unidos.
