Washington.- La administración del presidente Donald Trump prepara la imposición de aranceles del 25 % a productos procedentes de Brasil, al acusar al país sudamericano de mantener prácticas comerciales “irrazonables o discriminatorias” que afectarían a la economía estadounidense.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) señaló que diversas políticas brasileñas son consideradas “desleales”, particularmente en áreas como comercio digital, propiedad intelectual, deforestación ilegal y acceso al mercado del etanol. También acusó a Brasil de no aplicar con suficiente rigor medidas contra la falsificación de productos y de dificultar el registro de patentes biofarmacéuticas.
Además, el informe menciona presuntas órdenes judiciales secretas en Brasil que habrían obligado a empresas estadounidenses a retirar contenidos políticos y suspender cuentas de residentes en EE. UU.
Proceso abierto y ventana de negociación hasta julio
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, afirmó que el proceso se desarrolla bajo instrucciones del presidente Trump y en el marco de la Sección 301 de la Ley de Comercio, que permite sanciones ante políticas consideradas discriminatorias.
La propuesta aún no es definitiva. Se abrió un periodo de consulta pública hasta el 1 de julio de 2026 y una audiencia está programada para el día 6 del mismo mes. Además, las negociaciones con Brasil podrían extenderse hasta el 15 de julio, fecha límite establecida por el gobierno estadounidense.
Tensiones comerciales en aumento entre EE. UU. y Brasil
El documento también cuestiona acuerdos comerciales preferenciales de Brasil con países como México e India, al considerar que afectan los intereses de Estados Unidos. Asimismo, critica la suspensión del trato arancelario al etanol y la falta de acciones efectivas contra la deforestación ilegal.
El anuncio se suma a una escalada de tensiones comerciales entre ambos países, luego de que Washington impusiera previamente aranceles del 50 % a Brasil, medida que Brasil interpretó como una represalia vinculada al proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro.
Aunque esas sanciones las anuló el Tribunal Supremo estadounidense en febrero, Brasil no habría recuperado plenamente su acceso previo al mercado estadounidense.
