El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el paquete de nuevas leyes secundarias sobre transparencia y protección de datos personales. Con esto se consuma la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para sustituirlo con el organismo desconcentrado “Transparencia para el Pueblo”, el cual dependerá de la Secretaría Anticorrupción.
La Mesa Directiva de la Cámara Baja envió el decreto al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
El dictamen a una iniciativa presentada por la presidenta de la República expide las leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Con una nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se homologan las reglas, los principios, las bases, los procedimientos y en general los mecanismos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, además de incluir criterios de interpretación que, en su momento, emitió el INAI y que actualmente aplican los sujetos obligados.
Precisa un rediseño de las autoridades garantes: órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el ámbito federal, denominado Transparencia para el Pueblo; órgano de control y disciplina del Poder Judicial de la Federación; órganos de control de los órganos constitucionales autónomos; contralorías del Congreso de la Unión; Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por cuanto hace a los sindicatos, en atención a sus apartados, y el Instituto Nacional Electoral, respecto a los partidos políticos.
Sustituye el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública. Crea el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno denominado Transparencia para el Pueblo.
Mientras que, con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se homologa y maximizan las reglas, principios, bases, procedimientos y en general, mecanismos en el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, distribuye competencias entre la Secretaría y las autoridades garantes, fija las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos, garantiza la observación de los principios, fomenta y difunde los datos y la cultura de protección de datos personales.
El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, tiene la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.
Quedan exceptuados de la aplicación de la Ley las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, y las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial.
La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, confiere a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la competencia para ejercer las atribuciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, así como conocer de los procedimientos relativos a su protección, verificación e imposición de sanciones.
