La diputada de Chihuahua, Brenda Ríos, presentará este martes las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción contra quienes resulten responsables por la expedición irregular de licencias de construcción bajo la protección de un “cártel inmobiliario” en el que estaría involucrado el alcalde Marco Bonilla, del PAN.
Esto luego de una serie de irregularidades a partir de que el pasado 1 de septiembre colapsaron varias viviendas en el fraccionamiento Monte Xenit, lo cual desató preocupación entre los habitantes de la zona y fraccionamientos aledaños.
Lo que parecía un accidente aislado reveló una cadena de irregularidades en la construcción de viviendas en Chihuahua. Dos días después, la diputada Brenda Ríos denunció en redes sociales lo que llamó el “cártel inmobiliario”, señalando a las inmobiliarias y al municipio como responsables de aprobar proyectos deficientes.
Asimismo, denunció que en cambio la nula infraestructura que existe en la ciudad que la tiene colapsada con el tráfico en todas las avenidas principales.
Aunque el alcalde Bonilla ha negado que su administración aprobara la construcción de Monte Xenit, la diputada Brenda Ríos se dio a la tarea de solicitar la documentación que transparentara los permisos de construcción desde 2019 y propuso en el Congreso crear una comisión especial para revisar dichos permisos, iniciativa que fue rechazada por el PRI y el PAN.
Como parte de su investigación, la diputada visitó diversos fraccionamientos como Sierra Azul, Praderas del Sur y Romanzza, donde los vecinos expusieron problemas estructurales, materiales de mala calidad y falta de planeación urbana.
No obstante, las denuncias llevaron a CANADEVI a publicar un desplegado negando la existencia de un “cártel inmobiliario”, aunque destacaba que el presidente de la organización era el mismo desarrollador detrás de Monte Xenit.
Finalmente, el 5 de octubre se clausuró la construcción de Monte Xenit; sin embargo, esto no detuvo los ataques contra Brenda Ríos, ya que medios difundieron otro desplegado donde la difamaron junto con su esposo, acusándolos de un golpe político contra el alcalde.
En paralelo, la titular de Transparencia aseguró que la información solicitada había sido entregada puntualmente, aunque Ríos argumentó que los documentos carecían de detalles cruciales.
La polémica escaló el pasado octubre, ya que medios han seguido atacando a la diputada al grado que ella denunció espionaje en su domicilio por drones de Catastro Municipal.
Pese a los ataques ha continuado con su lucha y el 6 de noviembre vinculó los problemas de planeación urbana y vialidad al presunto cártel inmobiliario, insistiendo en que el tema debía ser prioridad para mejorar la calidad de vida en la ciudad.
Ríos también enfatizó que las solicitudes de transparencia realizadas al municipio han sido entregadas de manera incompleta, omitiendo la información, la cual es fundamental sobre las licencias otorgadas a desarrolladoras vinculadas a proyectos de mala calidad.
