Destituyó el Senado de Paraguay al presidente Santiago Peña bajo la acusación de mal desempeño en sus funciones, con el voto unánime de los 44 legisladores presentes. La resolución parlamentaria respondió a la crisis política y financiera detonada por el colapso de Ueno Bank, entidad que concentraba a 2.9 millones de clientes, sumada a severas denuncias por irregularidades en la supervisión bancaria y en el manejo de fondos públicos. Tras confirmarse su remoción, la Fiscalía General emitió una orden de arresto en su contra por el delito de lesión de confianza.
Recluyeron inicialmente a Peña bajo custodia domiciliaria en su residencia del barrio Santísima Trinidad, en Asunción. Sin embargo, la tensión escaló rápidamente cuando decenas de ahorristas defraudados se concentraron frente al inmueble para exigir su traslado a una cárcel común.
Los violentos disturbios registrados en el perímetro obligaron a la Policía Nacional a desplegar un amplio operativo de seguridad y ordenar el traslado de urgencia del exmandatario hacia la sede del Regimiento Escolta Presidencial (REP), con el fin de resguardar su integridad física previo a su declaración indagatoria.
Asumió la jefatura de Estado el vicepresidente Pedro Alliana, quien rindió protesta ante el Congreso para completar el mandato constitucional que concluye en agosto de 2028. En su primer mensaje a la nación, Alliana se comprometió a compensar íntegramente a las víctimas de la quiebra financiera y anunció iniciativas para recortar gastos superfluos en la administración pública, mientras la justicia avanza en la investigación sobre la cúpula saliente.
