Tras atender varias denuncias por tráfico de influencias, la Secretaría de la Función Pública ordenó la suspensión de 35 personas, todas trabajadoras en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Zacatecas, al descubrirse que formaban parte de una red de corrupción.
Se reveló que, al tomar los casos de trabajadores despedidos, una coalición entre servidores públicos y abogados particulares negociaban indemnizaciones millonarias que luego se repartían, con un beneficio mínimo para los demandantes.
Una vez que se revise caso por caso, los servidores públicos inocentes regresarán a sus funciones habituales, mientras se finca responsabilidad contra aquellos que se enriquecieron con recursos públicos, indicó el secretario Ernesto González.
