El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un documento oficial ante un tribunal federal para respaldar la decisión del presidente Donald Trump de prohibir el ingreso de representantes de las cadenas CNN, MS NOW y del diario Politico a diversas áreas de la Casa Blanca.
Según los argumentos expuestos por la administración, la cobertura informativa realizada por estos medios respecto a la actual guerra con Irán y a la construcción de un salón de baile en la residencia oficial representa un potencial peligro para la seguridad nacional, justificando así la aplicación de restricciones discrecionales por parte del Ejecutivo.
En el escrito legal presentado durante la noche del miércoles, los abogados del gobierno sostienen que el acceso a la sede del poder ejecutivo constituye un privilegio y no un derecho amparado de forma absoluta por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
La postura oficial recalca que el gobierno federal cuenta con la facultad legal para regular y controlar el ingreso de periodistas a zonas presidenciales restringidas, como el Despacho Oval, incluso bajo criterios basados en la opinión pública o en incidentes previos donde se acusa a los informadores de comprometer la seguridad del Estado.
