Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, expresó la disposición del gobierno de Donald Trump para colaborar en la prevención del tráfico de armas, que a menudo son adquiridas en territorio estadounidense y terminan en manos de los cárteles mexicanos.

Aseguró que Washington realiza los trabajos correspondientes para frenar el tráfico de armas desde el país norteamericano hacia México.

“El gobierno de México nos está pidiendo que los ayudemos a mantener las armas fuera de las manos de estos cárteles. Muchos de estos cárteles están encontrando formas de comprar armas en Estados Unidos, y regresan por el otro lado”, afirmó Rubio en el programa radial The Clay Travis & Buck Sexton Show.

El secretario afirmó que trabajan junto al gobierno de México para abordar problemas como el tráfico de armas, el fentanilo, la migración masiva y los cárteles, con cada país manejando su parte de la frontera.

“Así que estamos trabajando en un plan con el gobierno de México. Vamos a trabajar juntos. Ellos en su lado de la frontera, nosotros en nuestro lado de la frontera, para que podamos ocuparnos de su problema de tráfico de armas, ocuparnos del problema del fentanilo y del problema de la migración masiva y del problema de los cárteles”, afirmó.

Rubio indicó que trabaja en conjunto con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y la fiscal general, Pam Bondi.

“Tenemos un buen equipo y los mexicanos tienen un gran equipo (…) Así que vamos a trabajar en eso y creo que vamos a tener algo positivo en ese frente bastante pronto”, sostuvo.

El pasado 5 de febrero, Estados Unidos lanzó una nueva estrategia para eliminar a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales, un plan diseñado bajo la directriz del presidente Trump.

Esta estrategia implica revisar y actualizar las políticas de seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico con el objetivo de eliminar por completo a estos grupos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó al Senado de la República un plazo de 48 horas para subsanar las inconsistencias detectadas en la lista de candidatos para la próxima elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, programada para este 1 de junio.

Hace unos días el Senado presentó una lista que incluía 4 mil 224 registros de aspirantes remitidos por los Comités correspondientes. Sin embargo, al revisar la documentación, el INE identificó múltiples vacíos de información, lo que podría comprometer la integridad y transparencia del proceso electoral. La autoridad electoral pidió corregir estos vacíos informativos para garantizar la continuidad y legalidad.

Los cargos en disputa incluyen posiciones clave en el Poder Judicial, como ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistraturas de Circuito y juezas y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

La situación actual revela la importancia de una coordinación efectiva entre las instituciones involucradas en el proceso electoral.

La pronta respuesta del Senado determinará que la elección se lleve a cabo en los tiempos y formas establecidos, garantizando así la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas del país.

En caso de que el gobierno de Estados Unidos declare a los cárteles de la droga como grupos terroristas, el gobierno mexicano podría ampliar la demanda que ya ha sido interpuesta contra armadoras y distribuidoras de armas estadounidenses, bajo el argumento de una posible complicidad con los grupos criminales.

“Entiendo que tiene que pasar por el senado de Estados Unidos, pero podemos ir comentando algunos temas que estamos trabajando. El primero, México tiene una demanda internacional contra fabricantes de armas y distribuidores de armas en Estados Unidos, si llegaran a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas, pues tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos, porque entonces como ya reconoció el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, que el 74% de las armas de los grupos delictivos vienen de Estados Unidos, entonces cómo quedan las armadoras y las distribuidoras frente al decreto. Los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices”, señaló.

En este marco, la presidenta dio a conocer que esta semana el canciller Juan Ramón de la Fuente ha mantenido comunicación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para seguir estableciendo diálogo y fortalecer la coordinación y cooperación entre ambos países, en especial en los asuntos que tienen que ver con seguridad y migración.

Respecto a la migración, la primera mandataria aprovechó para presentar los datos más actualizados de personas deportadas a México desde iniciada la administración de Donald Trump.

Hasta el momento han sido repatriadas 13 mil 455 personas, de las cuales 10 mil 485 son de origen mexicano 2 mil 970 extranjeros.

“El IMSS ha generado 391 números de seguridad social para connacionales y se han facilitado cerca de 500 contrataciones que llegan de Estados Unidos con este programa que tenemos con la iniciativa privada, consiguiéndoles empleo”, expuso.